TDLC acoge requerimiento de la FNE, ordena enajenación e impone multa a John C. Malone por incumplimiento de resolución aprobatoria de fusión VTR – Metropolis Intercom

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30 / 12 / 2011

Con fecha de hoy, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió el requerimiento interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica con fecha 19 de marzo de 2008 en contra de John C. Malone, por haber incumplido la condición primera establecida por la Resolución N° 1/2004, que aprobó la fusión de las cableoperadoras VTR y Metrópolis Intercom.

 La referida condición, a fin de garantizar una mayor competencia en el mercado de la televisión de pago, prohíbe al controlador de la empresa fusionada (hoy VTR Globalcom S.A.) participar, directa o indirectamente, por sí o por medio de personas relacionadas, en la propiedad de compañías operadoras de televisión satelital o vía microondas en Chile; lo que fue infringido por John C. Malone al haber adquirido participación en DirecTV.

 El Tribunal, entre otras consideraciones, dio por acreditado: que el señor John C. Malone es controlador de VTR y que en tal condición tomó conocimiento de la condición primera impuesta en la Resolución Nº 1/2004; que mientras era controlador de VTR, adquirió indirectamente una participación en la propiedad de DirecTV Chile, y que esta última sociedad es una operadora de servicios de televisión satelital de pago en nuestro país.

 Asimismo, el Tribunal manifestó su preocupación por la posibilidad que un operador dominante en el mercado de la transmisión de datos sobre redes fijas pueda traspasar tal poder a otros mercados relacionados, como el analizado en este caso, y consideró que no es posible concluir que hayan ocurrido en el mercado cambios extraordinarios que justifiquen haber incumplido la señalada condición sin haber solicitado previamente su alzamiento o modificación a ese H. Tribunal.

 Atendido lo anterior, ordenó a John C. Malone cesar toda participación directa o indirecta en la propiedad de DirecTV Chile Ltda. en un plazo máximo de 6 meses, y le aplicó una multa a beneficio fiscal ascendente a 4.000 U.T.A. (aproximadamente, US$ 3.5 millones).

Revise el fallo del TDLC aquí.