Tipo Norma               :Decreto con Fuerza de Ley 1
Fecha Publicación        :07-03-2005
Fecha Promulgación       :18-10-2004
Organismo                :MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN;
                          SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN
Título                   :FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL
                          DECRETO LEY Nº211, DE 1973
Tipo Version             :Ultima Version     De : 11-10-2009
Inicio Vigencia          :11-10-2009
Ultima Modificación      :13-JUL-2009 Ley 20361
URL                      :http://www.leychile.cl/N?i=236106&f=2009-10-11&p=
	
FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL
DECRETO LEY Nº211, DE 1973

     D.F.L. Núm. 1.- Santiago, 18 de octubre de 2004.-
Vistos:
1)   Lo dispuesto en los artículos 32 número 3º y 61 de
la Constitución Política de la República;
2)   La facultad conferida en la disposición Octava
transitoria de la Ley Nº19.911, publicada en el Diario
Oficial el 14 de noviembre de 2003, que facultó al
Presidente de la República para fijar, en el plazo de un
año, mediante un decreto con fuerza de ley del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción, el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto ley Nº211, de 1973.

   Considerando:

1)   Que el decreto supremo Nº511, de 1980, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción, ha sido objeto de
importantes modificaciones introducidas por las Leyes
Nº18.118, de 22 de mayo de 1982, Nº19.610, de 19 de mayo
de 1999, Nº19.806, de 31 de mayo de 2002, Nº19.911, de 14
de noviembre de 2003, Nº19.336, de 29 de septiembre de
1994;
2)   Que es recomendable, por razones de ordenamiento y de
utilidad práctica, señalar mediante notas al margen el
origen de las normas que conforman el presente texto legal;
3)   Que, para facilitar el conocimiento y la aplicación de
las nuevas normas legales en materia de tanta trascendencia,
es conveniente refundir en un solo texto las disposiciones
citadas, dicto el siguiente:

     Decreto con fuerza de ley:

     Artículo único.- Fíjase el siguiente texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 
Nº211, de 1973:

              DECRETO LEY Nº211, DE 1973

 

                 TITULO I

              Disposiciones generales

     Artículo 1º.- La presente ley tiene                            Ley Nº 19.911
por objeto promover y defender la libre                             Art. Primero
competencia en los mercados.                                        Nº 1
     Los atentados contra la libre 
competencia en las actividades económicas 
serán corregidos, prohibidos o 
reprimidos en la forma y con las 
sanciones previstas en esta ley.

   Artículo 2º.- Corresponderá al                                   Ley Nº 19.911
Tribunal de Defensa de la Libre                                     Art. Primero
Competencia y a la Fiscalía Nacional                                Nº 2
Económica, en la esfera de sus 
respectivas atribuciones, dar 
aplicación a la presente ley para el 
resguardo de la libre competencia en 
los mercados.

     Artículo 3º.- El que ejecute o                                 Ley N°19.911
celebre, individual o colectivamente,                               Art. Primero
cualquier hecho, acto o convención que                              N° 3
impida, restrinja o entorpezca la libre 
competencia, o que tienda a producir 
dichos efectos, será sancionado con las 
medidas señaladas en el artículo 26 de la 
presente ley, sin perjuicio de las 
medidas preventivas,                                                Ley 20361
correctivas o prohibitivas que                                      Art. 1 Nº 1 a)
respecto de dichos hechos, actos o                                  D.O. 13.07.2009
convenciones puedan disponerse en cada 
caso.

     Se considerarán, entre otros, 
como hechos, actos o convenciones 
que impiden, restringen o entorpecen 
la libre competencia o que                                          Ley 20361
tienden a producir dichos efectos,                                  Art. 1 Nº 1 b, b.1)
los siguientes:                                                     D.O. 13.07.2009

   a) Los acuerdos expresos o tácitos                               Ley 20361
entre competidores, o las prácticas                                 Art. 1 Nº 1 b, b.2)
concertadas entre ellos, que                                        D.O. 13.07.2009
les confieran poder de mercado y 
que consistan en fijar precios 
de venta, de compra u otras 
condiciones de comercialización, 
limitar la producción, asignarse 
zonas o cuotas de mercado, 
excluir competidores o afectar el 
resultado de procesos de licitación.

   b) La explotación abusiva por parte 
de un agente económico, o 
un conjunto de ellos, de                                            Ley 20361
una posición dominante en el mercado,                               Art. 1 Nº 1 b, b.3)
fijando precios de compra o de venta,                               D.O. 13.07.2009
imponiendo a una venta la de otro 
producto, asignando zonas o cuotas 
de mercado o imponiendo a otros abusos 
semejantes.
   c) Las prácticas predatorias, o de 
competencia desleal, realizadas con el 
objeto de alcanzar, mantener o 
incrementar una posición dominante.

   Artículo 4º.- No podrán otorgarse                                Ley N°19.911
concesiones, autorizaciones, ni actos                               Art. Primero
que impliquen conceder monopolios                                   N° 4
para el ejercicio de actividades 
económicas, salvo que la ley lo 
autorice.

              TITULO II

   Del Tribunal de Defensa de la
   Libre Competencia

   1. De su organización y funcionamiento                           Ley N°19.911
                                                                    Art. Primero
                                                                    N° 6

   Artículo 5º.- El Tribunal de Defensa                             Ley Nº 19.911
de la Libre Competencia es un órgano                                Art. Primero
jurisdiccional especial e independiente,                            Nº 6
sujeto a la superintendencia directiva, 
correccional y económica de la Corte 
Suprema, cuya función será prevenir, 
corregir y sancionar los atentados a 
la libre competencia.

   Artículo 6º.- El Tribunal de Defensa                             Ley Nº 19.911
de la Libre Competencia estará integrado                            Art. Primero
por las personas que se indican a                                   Nº 6
continuación:

   a) Un abogado, que lo presidirá, 
designado por el Presidente de la 
República de una nómina de cinco 
postulantes confeccionada por la Corte 
Suprema mediante concurso público de 
antecedentes. Sólo podrán participar 
en el concurso quienes tengan una 
destacada actividad profesional o 
académica especializada en materias 
de libre competencia o en Derecho 
Comercial o Económico, y acrediten 
a lo menos 10 años de ejercicio 
profesional.
   b) Cuatro profesionales universitarios 
expertos en materias de libre 
competencia, dos de los cuales deberán 
ser abogados y dos licenciados o con 
post grados en ciencias económicas.
Dos integrantes, uno de cada área 
profesional, serán designados por el 
Consejo del Banco Central previo concurso 
público de antecedentes. Los otros dos 
integrantes, también uno de cada área 
profesional, serán designados por el 
Presidente de la República, a partir de 
dos nóminas de tres postulantes, una 
para cada designación, confeccionadas 
por el Consejo del Banco Central, 
también mediante concurso público de 
antecedentes.                                                       Ley 20361
                                                                    Art. 1 Nº 2 a)
   El Tribunal tendrá dos suplentes,                                D.O. 13.07.2009
un abogado y un licenciado o con 
post grado en ciencias económicas.                                  Ley 20361
                                                                    Art. 1 Nº 2 b)
   No podrá ser elegido como miembro                                D.O. 13.07.2009
titular o suplente del Tribunal, 
quien haya desempeñado el 
cargo de Fiscal Nacional Económico 
o cualquier cargo directivo 
en la Fiscalía Nacional Económica 
en el año anterior al inicio del 
concurso público de antecedentes 
convocado para el nombramiento 
respectivo.                                                         Ley 20361
                                                                    Art. 1 Nº 2 c)
   El Presidente de la República                                    D.O. 13.07.2009
designará al abogado suplente y 
el Consejo del Banco Central 
al licenciado o post graduado 
en ciencias económicas, conforme al 
procedimiento señalado en la letra 
b) precedente, para lo cual se 
podrán considerar las mismas nóminas 
y concursos previstos para el 
nombramiento de los titulares.

   Los concursos mencionados en las 
letras a) y b) precedentes deberán 
fundarse en condiciones objetivas, 
públicas, transparentes y no 
discriminatorias, establecidas, 
respectivamente, mediante un auto 
acordado de la Corte Suprema y un 
acuerdo del Consejo del Banco Central.

   En caso de ausencia o impedimento 
del Presidente del Tribunal, éste 
sesionará bajo la presidencia de 
uno de los restantes miembros titulares 
de acuerdo al orden de precedencia que 
se establezca, mediante auto acordado                               Ley 20361
del Tribunal.                                                       Art. 1 Nº 2 d)
                                                                    D.O. 13.07.2009
   El nombramiento de los integrantes 
del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia se hará efectivo por el 
Presidente de la República mediante 
decreto supremo del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción 
suscrito, además, por el Ministro de                                Ley 20361
Hacienda.                                                           Art. 1 Nº 2 e)
                                                                    D.O. 13.07.2009
   Es incompatible el cargo de integrante 
del Tribunal con la condición de:

     a) Funcionario público;

     b) Administrador, gerente, trabajador 
dependiente de sociedades anónimas 
abiertas o sometidas a las 
reglas de estas sociedades, como 
asimismo, de sus matrices, 
filiales, coligantes o 
coligadas, y

     c) Asesor o prestador de servicios 
profesionales en materias que digan 
relación con la libre competencia 
a personas naturales o jurídicas 
sometidas a la jurisdicción del 
Tribunal, considerándose también 
que asesora o presta servicios 
profesionales si percibe cualquier 
clase de remuneración, honorario 
o regalía de personas naturales o 
jurídicas que asesoran o prestan 
servicios profesionales en 
dichas materias.

     Los ministros suplentes sólo 
estarán afectos a la incompatibilidad 
señalada en la letra c) 
precedente.

     Las personas que al momento 
de su nombramiento, o durante el 
ejercicio del cargo, ostenten 
cualquiera de las condiciones 
señaladas en el inciso séptimo 
de este artículo, deberán 
renunciar a ellas.

   No obstante lo dispuesto en los 
incisos anteriores, el desempeño como 
integrante del Tribunal será compatible 
con los cargos docentes.

   Artículo 7º.- Antes de asumir sus                                Ley Nº 19.911
funciones los integrantes del Tribunal                              Art. Primero
de Defensa de la Libre Competencia                                  Nº 6
prestarán juramento o promesa de 
guardar la Constitución y las leyes 
de la República, ante el Presidente 
del Tribunal, y actuará de ministro 
de fe el Secretario del Tribunal. A 
su vez, el Presidente lo hará ante el 
Ministro más antiguo, según el orden 
de sus nombramientos, y actuará de 
ministro de fe el Secretario del 
Tribunal. Finalmente, el Secretario 
y los relatores prestarán su juramento 
o promesa ante el Presidente.
   Los integrantes titulares y 
suplentes del Tribunal de Defensa de 
la Libre Competencia permanecerán 
seis años en sus cargos, pudiendo 
ser designados por sólo un período 
sucesivo, conforme al procedimiento                                 Ley 20361
señalado en el artículo anterior.                                   Art. 1 Nº 3
   No obstante, el Tribunal se renovará                             D.O. 13.07.2009
parcialmente cada dos años.
   El Tribunal tendrá el tratamiento 
de "Honorable", y cada uno de sus 
miembros, el de "Ministro".

   Artículo 8º.- El Tribunal de Defensa                             Ley N°19.911
de la Libre Competencia tendrá su sede                              Art. Primero
en Santiago.                                                        N° 6

   Artículo 9º.- El Tribunal                                        Ley N°19.911
funcionará en forma permanente y                                    Art. Primero
fijará sus días y horarios de                                       N° 6
sesión. En todo caso, deberá 
sesionar en sala legalmente 
constituida para la resolución de 
las causas, como mínimo tres días 
a la semana.                                                        Ley 20361
   El quórum para sesionar será                                     Art. 1 Nº 4
de a lo menos tres miembros, y                                      D.O. 13.07.2009
los acuerdos se adoptarán por 
simple mayoría, dirimiendo el 
voto de quien presida en caso de 
empate. En lo demás se estará 
a lo dispuesto en el Párrafo 2 del 
Título V del Código Orgánico de 
Tribunales, en cuanto fuere aplicable.

   Artículo 9º bis.- Los integrantes                                LEY 20088
titulares y suplentes del Tribunal de                               Art. 8º
Defensa de la Libre Competencia deberán                             D.O. 05.01.2006
efectuar una declaración jurada de                                  NOTA
patrimonio, en los mismos términos de 
los artículos 60 B, 60 C y 60 D de la 
ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración 
del Estado.
   La declaración de patrimonio 
deberá efectuarse ante el Secretario 
del Tribunal, quien la mantendrá para 
su consulta pública.
   La no presentación oportuna de la 
declaración de patrimonio será 
sancionada con multa de diez a 
treinta unidades tributarias mensuales.
Transcurridos sesenta días desde que 
la declaración sea exigible, se 
presumirá incumplimiento del infractor.
   El incumplimiento de la obligación 
de actualizar la declaración de 
patrimonio se sancionará con multa de 
cinco a quince unidades tributarias 
mensuales. Las sanciones a que se 
refieren los incisos anteriores 
serán aplicadas por el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia.
   El procedimiento se podrá iniciar 
de oficio por el Tribunal o por 
denuncia de uno de sus Ministros.
La formulación de cargos dará al 
Ministro afectado el derecho a 
contestarlos en el plazo de diez 
días hábiles. En caso de ser necesario, 
el período probatorio será de ocho días.
Podrán presentarse todos los medios 
de prueba, los que se apreciarán en 
conciencia. El Tribunal deberá dictar 
la resolución final dentro de los 
diez días siguientes a aquél en que 
se evacuó la última diligencia.
   No obstante lo señalado en los 
incisos anteriores, el infractor 
tendrá el plazo fatal de diez días, 
contado desde la notificación de la 
resolución de multa, para presentar 
la declaración omitida o para 
corregirla. Si así lo hace, la multa 
se rebajará a la mitad.

NOTA:
     El artículo 2º Transitorio de la 
LEY 20088, publicada el 05.01.2006, 
modificatoria de la presente norma, 
dispone que las modificaciones que 
introduce a ésta, entrarán en vigencia 
noventa días después de la publicación 
del Reglamento que establecerá los 
requisitos de las declaraciones de 
patrimonio, según lo dispone el artículo 
1º Transitorio de la citada Ley. Dicho 
reglamento se encuentra contenido en el 
DTO 45, Secretaría General de la 
Presidencia, publicado el 22.03.2006.

   Artículo 10º.- La remuneración mensual de los
integrantes titulares del Tribunal será la suma equivalente
a la remuneración bruta mensualizada de carácter
permanente del cargo de Fiscal Nacional Económico. Los
integrantes suplentes, en su caso, recibirán mensualmente
la suma de treinta unidades tributarias mensuales y,
además, la suma de diez unidades tributarias mensuales por
cada sesión a la que asistan en la que no concurra el
titular correspondiente, con un máximo de sesenta unidades
tributarias mensuales, cualquiera que sea el número de
sesiones a las que hayan asistido.                                  Ley 20361
                                                                    Art. 1 Nº 5
     En el caso de ausencia injustificada, calificada por la        D.O. 13.07.2009
mayoría de los demás miembros del Tribunal, al ministro
titular se le descontará un monto equivalente al 50% de lo
que haya recibido el suplente que lo hubiera reemplazado.

   Artículo 11º.- Los miembros del                                  Ley N°19.911
Tribunal podrán perder su competencia                               Art. Primero
para conocer determinados negocios                                  N° 6
por implicancia o recusación declaradas, 
en virtud de las causales contempladas 
en los artículos 195 y 196 del Código 
Orgánico de Tribunales.

   En todo caso, se presume de derecho                              Ley 20361
que el ministro titular o suplente,                                 Art. 1 Nº 6 a)
según corresponda, también estará                                   D.O. 13.07.2009
inhabilitado cuando:

   a) El interés en esa causa sea de su 
cónyuge o de sus parientes hasta 
el tercer grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad, o de personas 
que estén ligadas al mismo por 
vínculos de adopción, o de las 
empresas o sociedades en las cuales 
estas mismas personas sean sus 
representantes legales, mandatarios, 
directores, gerentes o desempeñen 
otros cargos directivos, 
posean directamente o por intermedio 
de otras personas naturales o jurídicas 
un porcentaje del capital 
de la sociedad superior al 10%, o 
que les permita elegir o hacer 
elegir uno o más de sus 
administradores, o ejerzan una 
influencia decisiva en la administración 
o gestión de la sociedad 
según lo dispuesto por el artículo 
99 de la ley Nº18.045, de Mercado 
de Valores, y

   b) Asesore o preste servicios profesionales 
a personas naturales o jurídicas 
que tengan la calidad de 
parte en esa causa, o lo haya hecho 
en los dos años anteriores a la fecha 
de ingreso de aquélla o 
durante la investigación por parte 
de la Fiscalía Nacional Económica que 
la haya originado.

    Sin perjuicio de lo dispuesto en                                Ley 20361
los incisos octavo, noveno y décimo                                 Art. 1 Nº 6 b)
del artículo 6°, será causal                                        D.O. 13.07.2009
de recusación respecto de los 
integrantes titulares o suplentes, 
haber sido asesor o prestador 
de servicios de alguna de las partes 
durante el año que preceda a la 
notificación de la demanda 
o la publicación del decreto que ordena 
la iniciación del procedimiento del artículo 31; 
la existencia de relaciones laborales, 
comerciales, societarias o en comunidades 
de carácter profesional, con 
los abogados o asesores de alguna de 
las partes, o el desempeño o ejercicio 
profesional en las mismas dependencias, 
oficinas o inmuebles con estos últimos, 
aun cuando ello no revista 
participación en ingresos o el desarrollo 
de funciones comunes o coordinadas.

   Asimismo, será causal de recusación 
que el ministro asesore o preste 
servicios profesionales a 
personas naturales o jurídicas que 
tengan o hayan tenido en los dos 
años anteriores a la fecha de 
ingreso de la causa en cuestión, la 
calidad de contraparte de las personas 
a que se refiere la letra b) 
del inciso segundo de este artículo, 
en algún proceso judicial o de negociación 
comercial, que pueda afectar la 
imparcialidad del ministro.

   La causal invocada podrá ser 
aceptada por el integrante afectado.
En caso contrario, será fallada de 
plano por el Tribunal, con exclusión 
de aquél, aplicándose una multa a 
beneficio fiscal de hasta veinte 
unidades tributarias mensuales al 
incidentista, si la implicancia o 
la recusación fuere desestimada por 
unanimidad.
   En ausencia o inhabilidad de 
alguno de los miembros titulares, 
será reemplazado por el suplente                                    Ley 20361
de su misma área profesional, salvo                                 Art. 1 Nº 6 a)
que esta regla impida al Tribunal                                   D.O. 13.07.2009
sesionar con el quórum 
mínimo establecido en el artículo 9°.
   Si por cualquier impedimento, el 
Tribunal careciere de integrantes 
titulares o suplentes para formar 
quórum, se procederá a su subrogación 
por ministros de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Código Orgánico de Tribunales.
   A los miembros del Tribunal se les 
aplicarán los artículos 319 a 331 del 
Código Orgánico de Tribunales, con 
excepción de lo dispuesto en el 
artículo 322.

   Artículo 11 bis.- Sin perjuicio de las                           Ley 20361
incompatibilidades establecidas en el                               Art. 1 Nº 7
artículo 6°, los integrantes                                        D.O. 13.07.2009
titulares y suplentes del Tribunal no 
podrán ser administradores, gerentes 
o trabajadores dependientes, ni 
asesorar o prestar servicios profesionales, 
a personas naturales o jurídicas 
que hayan tenido la calidad de parte 
en alguna causa que conoció el 
respectivo ministro, por el 
plazo de un año contado desde 
que dicho ministro cesó en su cargo, 
salvo que la dictación de la 
sentencia sobre una causa que hubiera 
conocido el ministro se encontrare 
pendiente, en cuyo caso el término de 
un año se contará desde la notificación 
de la sentencia.

   La infracción de esta prohibición 
será sancionada con inhabilitación 
absoluta para desempeñar cargos 
públicos por el período de cinco años 
y con una multa a beneficio fiscal 
equivalente al último año 
de remuneraciones percibidas en el 
cargo, sanciones que serán aplicadas 
por la Corte Suprema a requerimiento 
de cualquier interesado.

   El requerimiento a que alude el 
inciso precedente señalará con 
claridad y precisión los hechos 
que configuraren la infracción y 
a él se acompañarán o se ofrecerán, 
si fuera el caso, los medios 
de prueba en que se fundaren. Si el 
requerimiento no cumpliere estos 
requisitos, el pleno, convocado 
al efecto, lo declarará inadmisible 
en cuenta, sin más trámite.

   Admitido a tramitación el 
requerimiento el Presidente de la Corte 
Suprema dará traslado de éste al 
inculpado, el que deberá ser evacuado 
dentro de los ocho días hábiles siguientes 
a la fecha de recepción del 
oficio respectivo, que le será remitido 
junto con sus antecedentes por la 
vía que se estime más expedita.

   Evacuado el traslado o transcurrido el 
plazo previsto en el inciso precedente, 
el Presidente de la Corte citará 
a una audiencia en que se recibirá 
la prueba que se hubiere ofrecido y 
designará el ministro ante el cual 
deberá rendirse. Efectuadas las 
diligencias o vencidos los plazos 
sin que se hubieren evacuado, 
ordenará traer los autos en relación 
ante el pleno de la Corte Suprema, 
especialmente convocado al efecto. La 
Corte Suprema sólo podrá decretar 
medidas para mejor resolver una 
vez terminada la vista de la causa.

   Cualquiera de las partes podrá 
comparecer ante la Corte Suprema hasta 
antes de la vista de la causa.

   La sentencia que acoja la sanción 
a que se refiere este artículo, 
dará derecho a quien se estime 
afectado a interponer recurso de 
revisión del fallo en que haya 
participado el sancionado, cuando 
considerare que su actuación y decisión 
fue perjudicial a sus intereses.

   Artículo 12º.- Los miembros del                                  Ley N°19.911
Tribunal de Defensa de la Libre                                     Art. Primero
Competencia cesarán en sus funciones                                N° 6
por las siguientes causas:

   a) Término del período legal de 
su designación;
   b) Renuncia voluntaria;
   c) Destitución por notable abandono 
de deberes;
   d) Incapacidad sobreviniente.
   Se entiende por tal, aquélla que 
impide al integrante ejercer el 
cargo por un período de tres meses 
consecutivos o de seis meses en un año.
   e) Incurrir en cualquiera de los                                 Ley 20361
casos contemplados en los incisos                                   Art. 1 Nº 8 a y b)
octavo y siguientes del                                             D.O. 13.07.2009
artículo 6º.

   Las medidas de las letras c), d) y e) 
precedentes se harán efectivas por la Corte 
Suprema, a petición del Presidente del 
Tribunal o de dos de sus miembros, sin 
perjuicio de las facultades disciplinarias 
de la Corte Suprema.
   La resolución que haga efectiva 
la destitución deberá señalar los hechos 
en que se funda y los antecedentes tenidos 
a la vista para acreditarlos.
   Producida la cesación en el cargo, si el 
tiempo que le restare fuere superior a 
ciento ochenta días deberá procederse al 
nombramiento del reemplazante de 
conformidad a las reglas establecidas 
en el artículo 6º de esta ley. En el 
caso de las letras b), c) y d) 
precedentes, el reemplazante durará 
en el cargo el tiempo que restare 
del respectivo período.

   Artículo 13º.- La Planta del Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia 
será la siguiente:
                                                                    Ley N°19.911
                                                                    Art. Primero
                                                                    N° 6
   Cargos           Grados       Números
   Secretario
   Abogado            4º          1
   Relator
   Abogado            5º          1
   Relator Abogado    6º          1
   Profesional
   Universitario
   del ámbito
   económico          5º          1
   Profesional
   Universitario
   del ámbito
   económico          6º          1
   Jefe Oficina de
   Presupuesto        14º         1
   Oficial
   Primero            16º         1
   Oficial de
   Sala               17º         1
   Auxiliar           20º         1
   Total planta                   9

   Adicionalmente, se podrá 
contratar personal en forma 
transitoria, cuando las necesidades del 
Tribunal lo requieran, previa visación 
de la Dirección de Presupuestos.
   El personal de planta del Tribunal se 
regirá por el derecho laboral común. Con 
todo, tendrá el mismo régimen 
remuneratorio de dedicación e 
incompatibilidades del personal de planta 
de la Fiscalía Nacional Económica.
   Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el inciso precedente, el personal que 
preste servicios para el Tribunal, 
tendrá el carácter de empleado 
público, para los efectos de la 
probidad administrativa y la 
responsabilidad penal.
   El Secretario Abogado será el 
jefe administrativo y la autoridad 
directa del personal, sin perjuicio 
de otras funciones y atribuciones 
específicas que le asigne o delegue 
el Tribunal.
   El Tribunal dictará un reglamento 
interno en base al cual el Secretario 
Abogado calificará anualmente al 
personal. En contra de dicha 
calificación, se podrá recurrir 
de apelación ante el Tribunal 
dentro del plazo de cinco días 
hábiles contado desde la 
notificación de la calificación.

   Artículo 14º.- El nombramiento de los 
funcionarios se hará por el Tribunal, 
previo concurso de antecedentes o de 
oposición.
   El Presidente del Tribunal cursará 
los nombramientos por resolución que 
enviará a la Contraloría General de 
la República para el solo efecto de 
su registro. De la misma manera se 
procederá con todas las resoluciones 
relacionadas con el personal.                                       Ley N°19.911
                                                                    Art. Primero
                                                                    N° 6 y N° 7

   Artículo 15º.- Sin perjuicio de lo                               Ley N°19.911
dispuesto en las normas de derecho                                  Art. Primero
laboral común, los funcionarios que                                 N° 6 y N° 7
incurrieren en incumplimiento de sus 
deberes y obligaciones podrán ser 
sancionados por el Tribunal con 
alguna de las siguientes medidas 
disciplinarias: amonestación, censura 
por escrito, multa de hasta un mes de 
sueldo, y suspensión del empleo hasta 
por un mes sin goce de remuneración.
   Las sanciones deberán ser acordadas 
por la mayoría de los Ministros 
asistentes a la sesión.

   Artículo 16º.- En caso de ausencia o                             Ley N°19.911
impedimento, el Secretario será                                     Art. Primero
subrogado por el Relator de mayor                                   N° 6
grado y, a falta de éste, por el 
Relator que tenga el cargo inmediatamente 
inferior a aquél. El subrogante 
prestará el mismo juramento que el 
Secretario para el desempeño de este 
cargo, ante el Presidente del Tribunal.

   Artículo 17º.- La Ley de Presupuestos                            Ley N°19.911
del Sector Público deberá consultar                                 Art. Primero
anualmente, en forma global, los                                    N° 6
recursos necesarios para el 
funcionamiento del Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia. Para estos 
efectos, el Presidente de este Tribunal 
comunicará al Ministro de Hacienda 
sus necesidades presupuestarias dentro 
de los plazos y de acuerdo a las 
modalidades establecidas para el sector 
público.
   El Tribunal mantendrá una cuenta 
corriente bancaria a su nombre contra 
la cual girarán conjuntamente el 
Presidente y el Secretario.
   En la primera quincena del mes de 
enero de cada año, el Presidente y el 
Secretario Abogado del Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia 
presentarán rendición de cuenta de 
gastos ante el Tribunal.
   En materia de información financiera, 
presupuestaria y contable, el Tribunal 
se regirá por las disposiciones de la 
Ley de Administración Financiera del 
Estado.
   El aporte fiscal correspondiente 
al Tribunal será sancionado mediante 
resolución de la Dirección de 
Presupuestos.

   2. De las atribuciones y                                         Ley N°19.911
procedimientos                                                      Art. Primero
                                                                    N° 6

  Artículo 18º.- El Tribunal de Defensa                             Ley N°19.911
de la Libre Competencia tendrá las                                  Art. Primero
siguientes atribuciones y deberes:                                  N° 6
   1) Conocer, a solicitud de parte o 
del Fiscal Nacional Económico, 
las situaciones que pudieren 
constituir infracciones a la 
presente ley;
    2) Conocer, a solicitud de quien tenga                          Ley 20361
interés legítimo, o del Fiscal Nacional                             Art. 1 Nº 9
Económico, los asuntos de carácter                                  D.O. 13.07.2009
no contencioso que puedan infringir 
las disposiciones de la presente ley, 
sobre hechos, actos o contratos existentes 
o por celebrarse, para lo cual, podrá 
fijar las condiciones 
que deberán ser cumplidas en tales 
hechos, actos o contratos;
   3) Dictar instrucciones de carácter 
general de conformidad a la ley, 
las cuales deberán considerarse 
por los particulares en los actos 
o contratos que ejecuten o celebren 
y que tuvieren relación con la libre 
competencia o pudieren atentar 
contra ella;
   4) Proponer al Presidente de la 
República, a través del Ministro de 
Estado que corresponda, la 
modificación o 
derogación de los preceptos 
legales y reglamentarios que estime 
contrarios a la libre competencia, 
como también la dictación de 
preceptos legales o reglamentarios 
cuando sean necesarios para 
fomentar la competencia o regular 
el ejercicio de determinadas 
actividades económicas que se 
presten en condiciones no 
competitivas; y
   5) Las demás que le señalen 
las leyes.

   Artículo 19º.- El conocimiento y                                 Ley N°19.911
fallo de las causas a que se refiere                                Art. Primero
el número 1) del artículo anterior,                                 N° 6
se someterá al procedimiento regulado 
en los artículos siguientes.

   Artículo 20º.- El procedimiento será                             Ley N°19.911
escrito, salvo la vista de la causa,                                Art. Primero
público e impulsado de oficio por el                                N° 6
Tribunal hasta su resolución definitiva. 
Las partes deberán comparecer 
representadas en la forma prevista en 
el artículo 1º de la ley Nº18.120, 
sobre comparecencia en juicio.
   El procedimiento podrá iniciarse 
por requerimiento del Fiscal Nacional 
Económico o por demanda de algún 
particular, la que deberá ser puesta 
en inmediato conocimiento de la 
Fiscalía. El requerimiento o demanda 
deberá contener la exposición clara y                               Ley 20361
determinada de los hechos, actos o                                  Art. 1 Nº 10 a)
convenciones que infringirían la                                    D.O. 13.07.2009
presente ley e indicar el o los 
mercados en que incidiría la presunta 
infracción. En el evento que la 
demanda o requerimiento no 
contenga las indicaciones señaladas 
previamente o cualquiera otra de las 
exigidas por el artículo 254 
del Código de Procedimiento Civil 
y demás reglas aplicables, el 
tribunal dará un plazo de tres 
días hábiles para que el 
demandante o requirente subsane dichas 
omisiones. Vencido el plazo anterior 
sin haber sido subsanadas 
las omisiones, el tribunal mediante 
resolución fundada podrá no admitir 
a tramitación la demanda 
o el requerimiento. Admitido el 
requerimiento o la demanda a tramitación, 
se conferirá traslado, a quienes afecte, 
para contestar dentro del plazo de 
quince días hábiles o el término 
mayor que el Tribunal señale, que 
no podrá exceder de treinta días.
   Las acciones contempladas en esta 
ley, prescriben en el plazo de tres                                 Ley 20361
años, contado desde la ejecución de                                 Art. 1 Nº 10 b)
la conducta atentatoria de la libre                                 D.O. 13.07.2009
competencia en que se fundan. Esta 
prescripción se interrumpe por 
requerimiento del Fiscal Nacional 
Económico o demanda de algún particular, 
formulados ante el Tribunal.                                        Ley 20361
   Sin perjuicio de lo anterior, las                                Art. 1 Nº 10 c)
acciones para perseguir las conductas                               D.O. 13.07.2009
previstas en la letra a) del 
artículo 3° prescribirán en el plazo 
de cinco años, y el cómputo de la 
prescripción no se iniciará mientras se 
mantengan en el mercado los efectos 
imputables a la conducta objeto 
de la acción.
   Asimismo, las medidas que se 
determinen para prevenir, corregir o 
sancionar un atentado a la libre 
competencia, prescriben en dos años, 
contados desde que se encuentre firme 
la sentencia definitiva que las 
imponga. Esta prescripción se 
interrumpe por actos cautelares o 
compulsivos del Tribunal, del Fiscal 
Nacional Económico o del demandante 
particular.
   La prescripción de las acciones y 
la de las medidas que se determinen 
para prevenir, corregir o sancionar 
un atentado a la libre competencia, 
no se suspenden a favor de ninguna 
persona.
   Sin perjuicio de las disposiciones 
generales, las acciones civiles 
derivadas de un atentado a la libre 
competencia prescriben en el plazo 
de cuatro años, contado desde que 
se encuentre ejecutoriada 
la sentencia definitiva.

   Artículo 21º.- La notificación del                               Ley N°19.911
requerimiento o de la demanda, con su                               Art. Primero
respectiva resolución, será practicada                              N° 6
personalmente por un ministro de fe, 
entregando copia íntegra de la resolución 
y de los antecedentes que la motivan. 
El Tribunal podrá disponer que se 
entregue sólo un extracto de estos 
documentos.

   La resolución que reciba la causa a                              Ley 20361
prueba deberá notificarse por                                       Art. 1 Nº 11 a)
cédula. Transcurridos 30 días                                       D.O. 13.07.2009
hábiles, contados desde la dictación 
de dicha resolución sin que ésta 
se hubiere notificado, el Tribunal 
procederá a notificarla de 
conformidad con el inciso cuarto.

   Las sentencias definitivas deberán                               Ley 20361
notificarse personalmente o por                                     Art. 1 Nº 11 b)
cédula.                                                             D.O. 13.07.2009

   Las demás resoluciones serán 
notificadas por cualquier medio seguro 
que las partes de común 
acuerdo fijen y en subsidio por el 
estado diario. En el caso de que 
opten por medios electrónicos, 
la notificación deberá suscribirse 
mediante firma electrónica avanzada.

   INCISO TERCERO DEROGADO.                                         Ley 20361
                                                                    Art. 1 Nº 11 c)
   Tendrán el carácter de ministro                                  D.O. 13.07.2009
de fe para la práctica de las 
diligencias previstas en este Título, 
además del Secretario Abogado del 
Tribunal, las personas a quienes 
el Presidente designe para 
desempeñar esa función.

   Artículo 22º.- Vencido el plazo                                  Ley N°19.911
establecido en el artículo 20, sea                                  Art. Primero
que se hubiere evacuado o no el                                     N° 6
traslado por los interesados, el 
Tribunal podrá llamar a las partes a 
conciliación. De no considerarlo 
pertinente o habiendo fracasado dicho 
trámite, recibirá la causa a prueba 
por un término fatal y común de veinte 
días hábiles. Acordada una conciliación, 
el Tribunal se pronunciará sobre ella 
dándole su aprobación, siempre que no 
atente contra la libre competencia.
En contra de la resolución que apruebe 
una conciliación podrá deducirse, 
por personas admitidas a litigar que 
no hubieren sido parte en ella, el 
recurso de reclamación a que se refiere 
el artículo 27.
   Serán admisibles los medios de prueba 
indicados en el artículo 341 del Código 
de Procedimiento Civil y todo indicio o 
antecedente que, en concepto del 
Tribunal, sea apto para establecer 
los hechos pertinentes. El Tribunal 
podrá decretar, en cualquier estado 
de la causa y aun después de su vista, 
cuando resulte indispensable para 
aclarar aquellos hechos que aún 
parezcan obscuros y dudosos la 
práctica de las diligencias probatorias 
que estime convenientes.
   Las partes que deseen rendir 
prueba testimonial deberán presentar 
una lista de testigos dentro del 
quinto día hábil contado desde que 
la resolución que reciba la causa a 
prueba quede ejecutoriada.                                          Ley 20361
En todo caso, sólo se admitirán por                                 Art. 1 Nº 12 a)
punto de prueba, declaraciones de                                   D.O. 13.07.2009
tres testigos por cada parte, 
salvo que el tribunal, a petición fundada 
al presentarse la lista de testigos, 
amplíe dicho número. No 
regirá respecto de los testigos lo 
establecido en los artículos 358, 360, 
número 2, 373, 374, 376, 377 
y 378 del Código de Procedimiento Civil.
   Las diligencias a que dé lugar la 
inspección personal del Tribunal, 
la absolución de posiciones o la 
recepción de la prueba testimonial, 
serán practicadas ante el miembro 
que el Tribunal designe en cada                                     Ley 20361
caso, el que podrá efectuar las                                     Art. 1 Nº 12 b)
preguntas que estime convenientes,                                  D.O. 13.07.2009
impedir que las declaraciones 
y las preguntas de las partes se 
desvíen hacia aspectos irrelevantes 
o inadmisibles y resolver de 
plano las objeciones que le fuesen 
formuladas.
   Las actuaciones probatorias que 
hayan de practicarse fuera del 
territorio de la Región 
Metropolitana de Santiago, podrán 
ser conducidas a través del 
correspondiente juez de letras, 
garantizando su fidelidad y rápida 
expedición por cualquier medio idóneo.

   Las demás actuaciones serán practicadas 
a través del funcionario de planta del 
Tribunal que se designe al efecto.                                  Ley 20361
                                                                    Art. 1 Nº 12 c)
   El Tribunal dispondrá el registro de                             D.O. 13.07.2009
todas las audiencias a que hubiere 
lugar en forma íntegra, por cualquier 
medio que asegure su fidelidad.

   La prueba instrumental podrá 
presentarse hasta diez días antes de la 
fecha fijada para la vista de la 
causa. A solicitud de parte, el 
Tribunal podrá decretar reserva 
respecto de terceros ajenos al 
proceso o confidencialidad incluso 
respecto de las demás partes, de 
aquellos instrumentos que contengan 
fórmulas, estrategias o secretos 
comerciales o cualquier otro elemento 
cuya revelación pueda 
afectar significativamente el 
desenvolvimiento competitivo de su 
titular. Los instrumentos que 
tengan carácter reservado o 
confidencial en virtud de lo dispuesto 
en el inciso segundo de la letra 
a) del artículo 39, deberán 
presentarse siempre en tal carácter 
por la Fiscalía Nacional Económica, 
y el Tribunal deberá mantener la 
reserva o confidencialidad de 
los mismos.

   Sin perjuicio de lo anterior, de 
oficio o a petición de parte, el 
Tribunal podrá ordenar a la 
parte que corresponda, en cualquier etapa 
del proceso e incluso como medida para 
mejor resolver, que prepare 
una versión pública del instrumento 
para que las otras partes ejerzan 
su derecho a objetarlo u 
observarlo. Si la referida 
versión pública es insuficiente como 
antecedente válido para fallar 
la causa, el Tribunal podrá 
decretar de oficio y por resolución 
fundada, el término de la reserva 
o confidencialidad del instrumento, 
y ordenará ponerlo en conocimiento de 
las demás partes.

   El Tribunal apreciará la prueba de 
acuerdo a las reglas de la sana crítica.

   Artículo 23º.- Vencido el término                                Ley N°19.911
probatorio, el Tribunal así lo declarará                            Art. Primero
y ordenará traer los autos en relación,                             N° 6
fijando día y hora para la vista. El 
Tribunal deberá oír alegatos de los 
abogados de las partes cuando alguna 
de éstas lo solicite.

   Artículo 24º.- Las cuestiones                                    Ley N°19.911
accesorias al asunto principal, salvo                               Art. Primero
lo dispuesto en el artículo siguiente,                              N° 6
serán resueltas de plano, pudiendo el 
Tribunal dejar su resolución para 
definitiva.

   Artículo 25º.- El Tribunal, de                                   Ley N°19.911
oficio o a petición de parte, podrá                                 Art. Primero
decretar en cualquier estado del                                    N° 6
juicio o antes de su iniciación, y 
por el plazo que estime conveniente, 
todas las medidas cautelares que sean 
necesarias para impedir los efectos 
negativos de las conductas sometidas 
a su conocimiento y para resguardar 
el interés común. Estas medidas serán 
decretadas con citación, y en caso 
de generarse incidente, éste se 
tramitará en conformidad a las reglas 
generales y por cuerda separada.
   Las medidas decretadas serán 
esencialmente provisionales y se 
podrán modificar o dejar sin efecto 
en cualquier estado de la causa. Para 
decretarlas, el requirente deberá 
acompañar antecedentes que constituyan 
a lo menos presunción grave del 
derecho que se reclama o de los hechos 
denunciados. El Tribunal, cuando lo 
estime necesario, podrá exigir 
caución al actor particular para 
responder de los perjuicios que se 
originen.
   La resolución que conceda o 
deniegue una medida cautelar se 
notificará por carta certificada, a 
menos que el Tribunal, por razones 
fundadas, ordene que se notifique 
por cédula. En caso de que la medida 
se haya concedido prejudicialmente, 
el Fiscal o el solicitante deberá 
formalizar el requerimiento o la 
demanda en el plazo de veinte días 
hábiles o en el término mayor que 
fije el Tribunal, contado desde la 
notificación de aquélla. En caso 
contrario, quedará sin efecto de 
pleno derecho.
   Sin embargo, las medidas podrán 
llevarse a efecto antes de notificar 
a la persona contra quien se dictan 
siempre que existieren motivos 
graves para ello y el Tribunal así 
lo ordenare. En este caso, transcurridos 
cinco días sin que la notificación se 
efectúe, quedarán sin valor las 
diligencias practicadas. El Tribunal 
podrá ampliar este plazo por motivo 
fundado.
   Sin perjuicio de lo dispuesto en 
los incisos precedentes, no regirá 
respecto de las medidas prejudiciales 
y precautorias que dicte el Tribunal 
lo establecido en los Títulos IV y V 
del Libro II del Código de Procedimiento 
Civil, salvo lo señalado en los artículos 
273, 274, 275, 276, 277, 278, 284, 
285, 286, 294, 296 y 297 de dicho 
cuerpo legal, en cuanto resultaren 
aplicables.

   Artículo 26º.- La sentencia Ley                                  N°19.911
definitiva será fundada, debiendo                                   Art. Primero
enunciar los fundamentos de hecho,                                  N° 6
de derecho y económicos con arreglo 
a los cuales se pronuncia. En ella se 
hará expresa mención de los fundamentos 
de los votos de minoría, si los 
hubiere. Esta sentencia deberá dictarse 
dentro del plazo de cuarenta y cinco días, 
contado desde que el proceso se encuentre 
en estado de fallo.

   En la sentencia definitiva, el 
Tribunal podrá adoptar las siguientes 
medidas:

   a) Modificar o poner término a los 
actos, contratos, convenios, 
sistemas o acuerdos que sean 
contrarios a las disposiciones 
de la presente ley;

   b) Ordenar la modificación o 
disolución de las sociedades, 
corporaciones y demás personas 
jurídicas de derecho privado que 
hubieren intervenido en los actos, 
contratos, convenios, sistemas o 
acuerdos a que se refiere la letra 
anterior;

   c) Aplicar multas a beneficio fiscal hasta por una suma
equivalente a veinte mil unidades tributarias anuales y, en
el caso de sancionar una conducta prevista en la letra a)
del artículo 3°, hasta por una suma equivalente a treinta
mil unidades tributarias anuales. Las multas podrán ser
impuestas a la persona jurídica correspondiente, a sus
directores, administradores y a toda persona que haya
intervenido en la realización del acto respectivo. Las
multas aplicadas a personas naturales no podrán pagarse por
la persona jurídica en la que ejercieron funciones ni por
los accionistas o socios de la misma. Asimismo, tampoco
podrán ser pagadas por cualquiera otra entidad
perteneciente al mismo grupo empresarial en los términos
señalados por el artículo 96 de la Ley de Mercado de
Valores, ni por los accionistas o socios de éstas. En el
caso de las multas aplicadas a personas jurídicas,
responderán solidariamente del pago de las mismas sus
directores,                                                         Ley 20361
administradores y aquellas personas que se hayan beneficiado        Art. 1 Nº 13 a)
del acto respectivo, siempre que hubieren participado en la         D.O. 13.07.2009
realización del mismo.

   Para la determinación de las multas se considerarán,
entre otras, las siguientes circunstancias: el beneficio
económico obtenido con motivo de la infracción, la
gravedad de la conducta, la calidad de reincidente del
infractor y, para los efectos de disminuir la multa, la
colaboración que éste haya prestado a la Fiscalía antes o
durante la investigación.                                           Ley 20361
                                                                    Art. 1 Nº 13 b)
                                                                    D.O. 13.07.2009
   Artículo 27º.- Las resoluciones                                  Ley N°19.911
pronunciadas por el Tribunal de Defensa                             Art. Primero
de la Libre Competencia, salvo la                                   N° 6
sentencia definitiva, serán 
susceptibles del recurso de 
reposición, al que podrá darse 
tramitación incidental o ser resuelto 
de plano.
   Sólo será susceptible de recurso 
de reclamación, para ante la Corte 
Suprema, la sentencia definitiva que 
imponga alguna de las medidas que se 
contemplan en el artículo 26, como 
también la que absuelva de la 
aplicación de dichas medidas.
Dicho recurso deberá ser fundado y 
podrá interponerlo el Fiscal Nacional 
Económico o cualesquiera de las partes, 
en el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, dentro del plazo de diez 
días hábiles, contado desde la respectiva 
notificación. Este plazo se ampliará con 
el aumento que corresponda al lugar en 
que tenga su domicilio el afectado, 
si éste fuere distinto al de la sede 
del Tribunal, de conformidad con la 
tabla a que se refiere el artículo 
259 del Código de Procedimiento Civil.
   Para seguir el recurso interpuesto 
no será necesaria la comparecencia de 
las partes. El recurso se conocerá con 
preferencia a otros asuntos, y no 
procederá la suspensión de la vista de 
la causa por el motivo establecido 
en el Nº5º del artículo 165 del Código 
de Procedimiento Civil.
   La interposición del recurso no 
suspenderá el cumplimiento del fallo, 
salvo lo referido al pago de multas, 
en lo que se estará a lo dispuesto en 
el inciso siguiente. Sin embargo, a 
petición de parte y mediante resolución 
fundada, la Sala que conozca del recurso 
podrá suspender los efectos de 
la sentencia, total o parcialmente.
   INCISO FINAL SUPRIMIDO.                                          Ley 20361
                                                                    Art. 1 Nº 14
                                                                    D.O. 13.07.2009
   Artículo 28º.- La ejecución de las                               Ley N°19.911
resoluciones pronunciadas en virtud de                              Art. Primero
este procedimiento, corresponderá                                   N° 6
directamente al Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia el que contará, 
para tales efectos, con todas las 
facultades propias de un Tribunal 
de Justicia.
   Las multas impuestas por el Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia deberán 
pagarse dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que quede 
ejecutoriada la respectiva resolución.
   Si cumplido el plazo el afectado 
no acreditare el pago de la multa, el 
Tribunal deberá, de oficio o a petición 
de parte, y sin forma de juicio, 
apremiarlo del modo establecido en el 
artículo 543 del Código de Procedimiento 
Civil.

   Artículo 29º.- Las normas contenidas                             Ley N°19.911
en los Libros I y II del Código de                                  Art. Primero
Procedimiento Civil se aplicarán                                    N° 6
supletoriamente al procedimiento 
mencionado en los artículos precedentes, 
en todo aquello que no sean incompatibles 
con él.

   Artículo 30º.- La acción de                                      Ley N°19.911
indemnización de perjuicios a que                                   Art. Primero
haya lugar, con motivo de la dictación                              N° 6
por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia de una sentencia definitiva 
ejecutoriada, se interpondrá ante el 
tribunal civil competente de conformidad 
a las reglas generales, y se tramitará 
de acuerdo al procedimiento sumario, 
establecido en el Libro III del Título 
XI del Código de Procedimiento Civil.
   El tribunal civil competente, al 
resolver sobre la indemnización de 
perjuicios, fundará su fallo en las 
conductas, hechos y calificación 
jurídica de los mismos, establecidos 
en la sentencia del Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia, dictada con 
motivo de la aplicación de la 
presente ley.

   Artículo 31º.- El ejercicio de las 
atribuciones a que se refieren los 
números 2) y 3) del artículo 18, así 
como la emisión de los informes que 
le sean encomendados al Tribunal en 
virtud de disposiciones legales 
especiales, se someterán al siguiente 
procedimiento:

   1) El decreto que ordene la iniciación                           Ley 20361
del procedimiento se publicará en el                                Art. 1 Nº 15 a)
Diario Oficial y en el sitio de                                     D.O. 13.07.2009
Internet del Tribunal y se notificará, 
por oficio, a la Fiscalía Nacional 
Económica, a las autoridades 
que estén directamente concernidas 
y a los agentes económicos que, a 
juicio exclusivo del Tribunal, 
estén relacionados con la materia, 
para que, en un plazo no inferior 
a quince días hábiles, 
éstos y quienes tengan interés 
legítimo puedan aportar 
antecedentes.

   Tratándose de materias que se 
relacionen especialmente con zonas 
determinadas, podrá ordenar 
que la notificación también se 
practique mediante la publicación de 
un aviso en los periódicos 
locales respectivos.

   El Tribunal arbitrará siempre las 
condiciones necesarias para que 
todos los intervinientes 
puedan imponerse del expediente.

   2) Vencido el plazo anterior, 
quienes hayan ejecutado o celebrado, 
o se propongan ejecutar o 
celebrar los hechos, actos o 
contratos consultados, podrán evaluar 
las recomendaciones que hubiere 
efectuado la Fiscalía Nacional Económica 
en la etapa de aporte de antecedentes 
y comunicar por escrito al 
Tribunal su concordancia con 
las mismas.

   3) Vencido el plazo señalado 
en el número 1, el Tribunal deberá 
citar a una audiencia pública, 
la cual se llevará a efecto dentro de 
un plazo no inferior a quince días ni 
superior a treinta días 
contado desde la notificación, la que 
se practicará mediante un aviso publicado 
en el Diario Oficial y 
en el sitio de Internet del Tribunal, 
para que quienes hubiesen aportado 
antecedentes puedan manifestar 
su opinión.

   En caso de efectuarse la 
comunicación a que se refiere el 
número 2, el Tribunal tendrá 
un plazo de quince días 
para citar a la audiencia pública, 
contados desde que haya sido 
recibida dicha comunicación, 
la que deberá llevarse a efecto de conformidad 
con lo señalado en el párrafo 
precedente.

   4) Si las autoridades, organismos o 
personas referidos en los números 
anteriores no informaren en los plazos 
que el Tribunal les fijare al efecto, 
éste podrá prescindir del informe.
   5) De oficio o a petición del 
interesado, el Tribunal podrá recabar y 
recibir los antecedentes que estime 
pertinentes.

   Las resoluciones o informes que 
dicte o emita el Tribunal en las 
materias a que se refiere este artículo, 
podrán ser objeto del recurso de 
reposición. Las resoluciones de término,                            Ley 20361
sea que fijen o no condiciones, sólo                                Art. 1 Nº 15 b)
podrán ser objeto del recurso de reclamación                        D.O. 13.07.2009
a que se refiere el artículo 
27. Dicho recurso deberá ser 
fundado y podrán interponerlo el o los 
consultantes, el Fiscal Nacional 
Económico y cualquiera de los terceros 
que hubieren aportado antecedentes 
de conformidad con lo dispuesto en 
el número 1.

   Artículo 32º.- Los actos o contratos                             Ley N°19.911
ejecutados o celebrados de acuerdo con                              Art. Primero
las decisiones del Tribunal de Defensa                              N° 6 y Nº 7
de la Libre Competencia, no acarrearán 
responsabilidad alguna en esta materia, 
sino en el caso que, posteriormente, y 
sobre la base de nuevos antecedentes, 
fueren calificados como contrarios a 
la libre competencia por el mismo 
Tribunal, y ello desde que se notifique 
o publique, en su caso, la resolución 
que haga tal calificación.
   En todo caso, los Ministros que 
concurrieron a la decisión no se 
entenderán inhabilitados para el 
nuevo pronunciamiento.

               TITULO III                                           Ley N°19.610
   De la Fiscalía Nacional Económica                                Art. 1º
                                                                    Ley N°19.911
                                                                    Art. Primero
                                                                    N° 7

   Artículo 33º.- La Fiscalía Nacional 
Económica será un servicio público                                  Ley N°19.610
descentralizado, con personalidad                                   Art. 1º
jurídica y patrimonio propio, 
independiente de todo organismo o 
servicio, sometido a la supervigilancia 
del Presidente de la República a través 
del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.

   La Fiscalía Nacional Económica tendrá                            Ley 20361
su sede en Santiago. Estará a                                       Art. 1 Nº 16
cargo de un funcionario denominado                                  D.O. 13.07.2009
Fiscal Nacional Económico, que será 
nombrado por el Presidente de la 
República mediante el proceso 
de selección de altos directivos 
públicos previstos en el párrafo 3° 
del Título VI de la ley N° 
19.882. Durará cuatro años en su 
cargo, pudiendo renovarse su 
nombramiento por una sola vez.

   El Fiscal Nacional Económico 
cesará en sus funciones por las 
siguientes causales:

   a) Término del período legal de su 
designación.

   b) Renuncia voluntaria aceptada por 
el Presidente de la República.

   c) Destitución por negligencia 
manifiesta en el ejercicio de sus 
funciones.

   d) Incapacidad.

   La remoción por las causales señaladas 
en las letras c) y d) será 
dispuesta por el Presidente 
de la República, con el informe favorable 
de la Corte Suprema, a requerimiento 
del Ministro de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. El informe 
favorable deberá ser emitido por 
el pleno de la Corte, 
especialmente convocado al efecto, 
y deberá reunir el voto conforme de 
la mayoría de sus miembros en 
ejercicio.

   Al Fiscal Nacional Económico le 
corresponderá ejercer tanto la 
jefatura superior como la 
representación judicial y 
extrajudicial del servicio.

   Sin perjuicio de los requisitos 
generales para ingresar a la 
Administración Pública, el 
Fiscal deberá acreditar 
título de abogado y diez años 
de ejercicio profesional o tres años 
de antigüedad en el servicio.

   Artículo 34º.- El Fiscal Nacional 
Económico podrá designar Fiscales 
Adjuntos para actuar en cualquier 
ámbito territorial cuando la especialidad 
y complejidad o urgencia de una 
investigación así lo requiera.
   Los Fiscales Adjuntos tendrán las 
atribuciones que el Fiscal Nacional 
les delegue.                                                        Ley N°19.911
                                                                    Art. Primero
                                                                    N° 8

   Artículo 35º.- Fíjase a contar del 
día primero del mes siguiente a la 
publicación de esta ley, la siguiente 
planta para la Fiscalía Nacional 
Económica:                                                          Ley N°19.610
                                                                    Art. 1º

                    Grados   Nº Cargo
   Directivos
   Exclusiva 
   confianza
   Fiscal Nacional    1         1
   Económico                                                        Ley N°19.911
   Subfiscal          3         1                                   Art. Primero
   Nacional                                                         N° 9 letra a),
   Jefe de            3         4                                   i), ii)
   Departamento                                                     NOTA
   Jefe de            4         4
   Departamento

   Cargos de
   carrera
   Jefe de            10        1
   Sección
   Jefe de            11        2
   Sección          Subtotal   13

   Profesionales
   Profesional        4         4
   Profesional        5         4                                   Ley N°19.911
   Profesional        6         4                                   Art. Primero
   Profesional        7         3                                   N° 9 letra a)
   Profesional        8         2                                   iii)
                    Subtotal   17

  Fiscalizadores
   Fiscalizador       9         1
   Fiscalizador       10        2                                   Ley N°19.911
   Fiscalizador       11        1                                   Art. Primero
   Fiscalizador       12        1                                   N° 9 letra
   Fiscalizador       13        2                                   a), iv) y v)
                    Subtotal    7

   Técnicos
   Técnico            14        1
   Técnico            15        1
                    Subtotal    2

   Administrativos
   Administrativo     16        1
   Administrativo     17        1
   Administrativo     18        2
   Administrativo     19        2
                    Subtotal    6

   Auxiliares
   Auxiliar           19        1
   Auxiliar           20        2
   Auxiliar           21        2
                    Subtotal    5

              Total Planta     50

    Además de los requisitos generales 
exigidos por la ley Nº18.834, para 
ingresar a la Administración del Estado, 
establécense los siguientes para los 
cargos de la planta que en cada caso 
se indican:

   Directivos:   Subfiscal Nacional:
                 Título de Abogado y
                 una experiencia
                 profesional mínima de
                 5 años o 3 de
                 experiencia o
                 especialización en
                 áreas afines a las
                 funciones de la
                 Fiscalía.                                          Ley N°19.911
                                                                    Art. Primero
                                                                    N° 9 letra
   Jefes de                                                         b), i)
   Departamentos: Título de Abogado,
                 Ingeniero Civil o
                 Comercial, Contador
                 Auditor o Administrador
                 Público, otorgado por
                 una Universidad o
                 Institución
                 Profesional del Estado
                 o reconocida por éste,
                 y una experiencia
                 profesional mínima
                 de 3 años.

   Jefes de Sección: Título de una
                 carrera de a lo menos
                 8 semestres de duración
                 otorgado por una
                 Universidad o
                 Instituto Profesional
                 del Estado o reconocido
                 por éste y experiencia
                 de a lo menos 3 años
                 en la Administración
                 del Estado.

   Profesionales: Título de Abogado,
                 Ingeniero, Contador
                 Auditor o Administrador
                 Público, otorgado por
                 una Universidad o
                 Instituto Profesional
                 del Estado o
                 reconocidos por éste,
                 u otros profesionales
                 universitarios con
                 post grado en ciencias
                 económicas, de a lo
                 menos dos semestres,
                 otorgado por
                 Universidades del
                 Estado o reconocidas
                 por éste, incluidas
                 las Universidades
                 extranjeras. En todo
                 caso, se exigirá
                 siempre una
                 experiencia profesional
                 mínima de 3 años.                                  Ley N°19.911
                                                                    Art. Primero
                                                                    N° 9 letra
   Fiscalizadores: Título de                                        b), ii)
                 Administrador Público,
                 Contador Auditor u otro
                 de una carrera de a
                 lo menos 8 semestres
                 de duración otorgado
                 por una Universidad
                 o Instituto Profesional
                 del Estado o reconocido
                 por éste.

   Técnicos:     Título de Técnico o
                 equivalente en una
                 especialidad del área
                 económica, financiera,
                 informática o
                 estadística, otorgado
                 por una Institución
                 Educacional Superior
                 del Estado o reconocida
                 por éste; o título de
                 Contador otorgado por
                 alguna de las
                 instituciones anteriores
                 o por un establecimiento
                 de Educación Media
                 Técnica Profesional
                 del Estado o reconocido
                 por éste.

   Administrativos: Licencia de Educación
                  Media o equivalente.

   Auxiliares:   Haber aprobado la
                 Educación Básica o
                 la Educación Primaria.

NOTA
     La Letra f) del N° 2 del Decreto con Fuerza de Ley N°
33, Hacienda, publicado el 30.12.2004, dispuso que los
cargos de Jefe de Departamento de grado 3° pasaban a
denominarse "Jefes de División", conservándose la
denominación para los de grado 4°.

   Artículo 36º.- El personal de planta                             Ley N°19.610
de la Fiscalía Nacional Económica y el                              Art. 1º
que se designe para prestar servicios 
en calidad de contratado, se regirá 
por las disposiciones de la presente 
ley y, en subsidio, por las pertinentes 
del Título I del decreto ley Nº3.551, 
de 1981, y las del Estatuto 
Administrativo aprobado por la ley 
Nº18.834 y sus modificaciones.
   La Junta Calificadora del personal 
de la Fiscalía Nacional Económica 
estará integrada por el Subfiscal, 
que la presidirá, por los dos Jefes                                 NOTA
de Departamento más antiguos y un 
representante del personal elegido 
por éste.

NOTA
     La Letra f) del N° 2 del Decreto con Fuerza de Ley N°
33, Hacienda, publicado el 30.12.2004, dispuso que los
cargos de Jefe de Departamento de grado 3° pasaban a
denominarse "Jefes de División", conservándose la
denominación para los de grado 4°.

   Artículo 37º.- El régimen de 
remuneraciones del personal de la 
Fiscalía Nacional Económica será el 
correspondiente a las Instituciones 
Fiscalizadoras.
   La asignación establecida en el 
artículo 17 de la ley Nº18.091, 
sustituido por el artículo 10º de la 
ley Nº19.301, se aplicará también al 
personal de planta y a contrata de la 
Fiscalía y se determinará en la forma 
que se señala en dicha disposición.
Para este efecto, el Fiscal Nacional 
Económico deberá informar anualmente 
al Ministerio de Hacienda sobre esta 
materia.
   Con cargo a esta asignación, el 
personal de planta y a contrata de la 
Fiscalía Nacional Económica, podrá 
recibir una bonificación de estímulo 
por desempeño funcionario, la que se 
regulará por las normas que se pasan 
a expresar:
   a) La bonificación se pagará al 25% de 
los funcionarios pertenecientes o 
asimilados a las plantas de Directivos, 
Profesionales y Fiscalizadores de 
mejor desempeño en el año anterior;
   b) Para estos efectos se considerará 
el resultado de las calificaciones que 
hayan obtenido los funcionarios, de 
conformidad con las normas que los 
rigen en esta materia;
   c) Los montos que se paguen por 
concepto de esta bonificación, no podrán 
exceder de una cuarta parte de los 
porcentajes fijados anualmente en 
cumplimiento de lo establecido en el 
inciso segundo del artículo 17 de la 
ley Nº18.091, y se determinarán en 
dicho acto administrativo. En el 
mismo decreto supremo se fijará el 
porcentaje a percibir por los 
funcionarios que no hayan sido 
objeto de calificación en atención 
a su participación en el proceso 
calificatorio, los que no se 
considerarán para los efectos del 
límite establecido en la letra a) 
del presente inciso;
   d) Los montos que se fijen de 
conformidad con la letra precedente, 
sumados a los que corresponda pagar 
por concepto de la asignación del 
artículo 17 de la ley Nº18.091, no 
podrán exceder, en ningún caso, del 
porcentaje o proporción máximos que 
establece el inciso segundo de dicha 
disposición;
   e) Los funcionarios beneficiarios 
de la bonificación sólo tendrán derecho 
a percibirla durante los doce meses 
siguientes al término del respectivo 
proceso calificatorio;
   f) La bonificación será pagada a 
los funcionarios en servicio a la 
fecha de pago, en cuatro cuotas 
trimestrales. El monto a pagar en 
cada cuota será el valor acumulado 
en el trimestre respectivo, y
   g) Para efectos tributarios, se 
entenderá que la cantidad pagada en 
cada cuota, se ha devengado por partes 
iguales en cada mes del trimestre 
calendario respectivo.                                              Ley N°19.610
                                                                    Art. 1º

   Artículo 38º.- El personal de planta                             Ley N°19.610
y a contrata de la Fiscalía Nacional                                Art. 1º
Económica tendrá dedicación exclusiva                               Ley N°19.911
al desempeño de los cargos que ocupen                               Art. Primero
en el Servicio, los que serán                                       N° 10
incompatibles con toda otra función 
en la Administración del Estado, salvo 
los referidos en la letra a) del artículo 
81 de la ley Nº18.834. No podrá prestar 
servicios como trabajador dependiente o 
ejercer actividades propias del título o 
calidad profesional o técnica que posean 
para personas naturales o jurídicas que 
puedan ser objeto de la acción del Servicio.

   Artículo 39º.- El Fiscal Nacional                                Ley N°19.610
Económico, en el ejercicio de sus                                   Art. 1º
funciones, será independiente de todas 
las autoridades y tribunales ante los 
cuales actúe. Podrá, en consecuencia, 
defender los intereses que le están 
encomendados en la forma que estime 
arreglada a derecho, según sus propias 
apreciaciones.
   Serán atribuciones y deberes del 
Fiscal Nacional Económico:

   a) Instruir las investigaciones                                  Ley N°19.610
que estime procedentes para comprobar                               Art. 1º
las infracciones a esta ley, dando                                  Ley N°19.911
noticia de su inicio al afectado. Con                               Art. Primero
conocimiento del Presidente del                                     N° 11 letra a)
Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, la Dirección General de 
la Policía de Investigaciones de Chile 
deberá poner a disposición del Fiscal 
Nacional Económico el personal que éste 
requiera para el cumplimiento del 
cometido indicado en esta letra o 
ejecutar las diligencias específicas 
que le solicite con el mismo objeto.
   El Fiscal Nacional Económico, con 
conocimiento del Presidente del 
Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, podrá disponer que las 
investigaciones que se instruyan de 
oficio o en virtud de denuncias 
tengan el carácter de reservadas.                                   Ley 20361
   Asimismo, el Fiscal Nacional                                     Art. 1 Nº 17 a)
Económico podrá disponer de oficio                                  D.O. 13.07.2009
o a petición del interesado, 
que ciertas piezas del expediente 
sean reservadas o confidenciales, siempre 
que tengan por objeto 
proteger la identidad de quienes hayan 
efectuado declaraciones o aportado 
antecedentes en conformidad al 
artículo 39 bis, o que contengan 
fórmulas, estrategias o secretos 
comerciales o cualquier otro 
elemento cuya revelación pueda afectar 
significativamente el desenvolvimiento 
competitivo de su titular, o 
resguardar la eficacia de 
investigaciones de la Fiscalía.
   Lo anterior es sin perjuicio que 
en un proceso en curso y previo 
traslado, se aplique lo dispuesto 
en el inciso octavo del artículo 22, 
o que se ordene por el tribunal 
otorgar copias de piezas del 
expediente que no se hayan agregado 
al proceso, suprimiendo en ellas todas 
las referencias que pudieren 
revelar las identidades u objeto 
de protección aludidos 
precedentemente.
   El Fiscal Nacional Económico 
podrá disponer que no se dé noticia del 
inicio de una investigación al afectado, 
con autorización del Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia;

   b) Actuar como parte, representando                              Ley N°19.610
el interés general de la colectividad                               Art. 1º
en el orden económico, ante el Tribunal                             Ley N°19.806
de Defensa de la Libre Competencia y los                            Art. 6º
tribunales de justicia, con todos los                               Ley N°19.911
deberes y atribuciones que le                                       Art. Primero
correspondan en esa calidad. Exceptúanse                            N° 11 letras
las investigaciones criminales y causas                             a) y b)
de esa naturaleza.                                                  Ley 20361
   Ante la Corte Suprema, el Fiscal                                 Art. 1 Nº 17 b)
Nacional Económico, por sí o por                                    D.O. 13.07.2009
delegado, podrá defender o impugnar 
los fallos del Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia.
   Respecto de las investigaciones 
practicadas por los Fiscales Adjuntos 
y de los cargos formulados por éstos, 
el Fiscal Nacional Económico podrá 
hacerlos suyos, ejerciendo sus funciones 
acusadoras ante el Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia o desestimarlos, 
con informe fundado a esta misma;                                   Ley N°19.610
                                                                    Art. 1º
                                                                    Ley N°19.911
   c) Requerir del Tribunal de Defensa                              Art. Primero
de la Libre Competencia el ejercicio de                             N° 11 letra c)
cualquiera de sus atribuciones y la                                 Ley N°19.610
adopción de medidas preventivas con                                 Art. 1º
ocasión de las investigaciones que la 
Fiscalía se encuentre ejecutando;

   d) Velar por el cumplimiento de                                  Ley N°19.911
los fallos, decisiones, dictámenes e                                Art. Primero
instrucciones que dicten el Tribunal                                N° 11 letra d)
de Defensa de la Libre Competencia o 
los tribunales de justicia en las 
materias a que se refiere esta ley;                                 Ley N°19.610
   e) Emitir los informes que                                       Art. 1º
solicite el Tribunal de Defensa de la                               Ley N°19.911
Libre Competencia, en los casos en que                              Art. Primero
el Fiscal Nacional Económico no tenga                               N° 11 letra e)
la calidad de parte;

   f) Solicitar la colaboración                                     Ley N°19.610
de cualquier funcionario de los                                     Art. 1º
organismos y servicios públicos, de 
las municipalidades o de las empresas, 
entidades o sociedades en que el Estado 
o sus empresas, entidades o sociedades, 
o las municipalidades, tengan aporte, 
representación o participación, quienes 
estarán obligados a prestarla, como                                 Ley 20361
asimismo, a proporcionar los                                        Art. 1 Nº 17 c)
antecedentes que obren en sus                                       D.O. 13.07.2009
archivos y que el Fiscal Nacional 
Económico les requiera, aun 
cuando dichos antecedentes se 
encuentren calificados como secretos 
o reservados, de conformidad a la 
legislación vigente, caso 
este último en que se requerirá la 
autorización previa del Tribunal.                                   Ley N°19.610
                                                                    Art. 1º
   g) Requerir de cualquier oficina, 
servicio o entidad referida en la letra 
anterior, que ponga a su disposición 
los antecedentes que estime necesarios 
para las investigaciones, denuncias o 
querellas que se encuentre practicando 
o en que le corresponda intervenir.
   El Fiscal Nacional Económico también 
podrá recabar y ejecutar por medio de 
los funcionarios que corresponda, el 
examen de toda documentación, elementos 
contables y otros que estime necesarios;                            Ley N°19.610
                                                                    Art. 1º
   h) Solicitar a los particulares las 
informaciones y los antecedentes que 
estime necesarios con motivo de las                                 Ley N°19.911
investigaciones que practique.                                      Art. 1º
Las personas naturales y los                                        N° 11 letra a)
representantes de personas jurídicas 
a los que el Fiscal Nacional Económico 
requiera antecedentes o informaciones 
cuya entrega pudiere irrogar perjuicio 
a sus intereses o a los de terceros, 
podrán solicitar al Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia que deje sin 
efecto total o parcialmente el 
requerimiento.
   Esta solicitud deberá ser fundada y 
se presentará a la Fiscalía Nacional 
Económica dentro de los cinco días 
siguientes a la comunicación del 
requerimiento, cuyos efectos se 
suspenderán desde el momento en que 
se efectúa la respectiva presentación.                              Ley N°19.911
     El Tribunal de Defensa de la Libre                             Art. 1º
Competencia conocerá y resolverá dicha                              N° 11 letra a)
solicitud en su sesión más próxima, 
con informe verbal o escrito del Fiscal 
Nacional Económico, y su pronunciamiento 
no será susceptible de recurso alguno;                              Ley N°19.610
                                                                    Art. 1º
    i) Ejecutar y celebrar toda clase 
de actos y contratos sobre bienes muebles 
e inmuebles y sobre cosas corporales o 
incorporales que integren el patrimonio 
del Servicio, incluso aquellos que 
permitan enajenar y transferir el dominio 
y transigir respecto de derechos, acciones 
y obligaciones, sean contractuales o 
extracontractuales;

    Las transacciones a que se 
refiere el inciso anterior deberán 
ser aprobadas por resolución del 
Ministerio de Hacienda, cuando se 
trate de sumas superiores a dos                                     Ley N°19.610
mil unidades de fomento;                                            Art. 1º
                                                                    Ley N°19.911
    j) Llamar a declarar, o pedir                                   Art. Primero
declaración por escrito, a los                                      N° 11, letra g)
representantes, administradores, 
asesores y dependientes de las 
entidades o personas que pudieren 
tener conocimiento de hechos, actos o 
convenciones objeto de investigaciones 
y a toda otra persona que hubiere 
ejecutado y celebrado con ellas actos y 
convenciones de cualquier naturaleza, 
respecto de algún hecho cuyo 
conocimiento estime necesario para el                               Ley N°19.911
cumplimiento de sus funciones;                                      Art. Primero
                                                                    N° 11, letra g)
    k) Requerir de los organismos 
técnicos del Estado los 
informes que estime necesarios 
y contratar los servicios de 
peritos o técnicos;

    l) Celebrar convenios o memorándum                              Ley 20361
de entendimiento con otros servicios                                Art. 1 Nº 17 d)
públicos y universidades, en materias                               D.O. 13.07.2009
de cooperación recíproca. Asimismo, 
celebrar convenios con agencias u 
otros organismos extranjeros que 
tengan por objeto promover o 
defender la libre competencia                                       Ley N°19.911
en las actividades económicas;                                      Art. Primero
                                                                    N° 11, letra g
    m) Convenir con otros servicios 
públicos y organismos del Estado 
la transferencia electrónica de 
información, que no tenga el 
carácter de secreta o reservada 
de acuerdo a la ley, para facilitar 
el cumplimiento de sus funciones. 
Asimismo y previa resolución 
fundada del Fiscal Nacional 
Económico, podrá convenir la interconexión 
electrónica con organismos o 
instituciones privadas. Del 
mismo modo, podrá convenir esta 
interconexión con organismos públicos 
extranjeros u organizaciones 
internacionales, con los cuales                                     Ley 20361
haya celebrado convenios o                                          Art. 1 Nº 17 e y f)
memorándum de entendimiento;                                        D.O. 13.07.2009

   n) En casos graves y calificados de 
investigaciones destinadas a acreditar 
conductas de las descritas en 
la letra a) del artículo 3°, solicitar, 
mediante petición fundada y con la 
aprobación previa del 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 
autorización al Ministro de la Corte 
de Apelaciones que corresponda 
de acuerdo al turno, para que Carabineros 
o la Policía de Investigaciones, 
bajo la dirección del funcionario de la 
Fiscalía Nacional Económica que 
indique la solicitud, proceda a:

   n.1) Entrar a recintos públicos o privados 
y, si fuere necesario, a allanar y 
descerrajar;

   n.2) Registrar e incautar toda clase de 
objetos y documentos que permitan 
acreditar la existencia de la infracción;

   n.3) Autorizar la interceptación de 
toda clase de comunicaciones, y

   n.4) Ordenar a cualquier empresa que 
preste servicios de comunicaciones, que 
facilite copias y registros de las 
comunicaciones transmitidas o 
recibidas por ella.

   La circunstancia de haber concurrido 
a la aprobación referida precedentemente, 
no será causal de inhabilidad 
de los ministros del Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia 
para conocer del proceso.

   Para otorgar la autorización a 
que se refiere el párrafo primero, el 
Ministro de Corte de Apelaciones 
deberá verificar la existencia de 
antecedentes precisos y graves acerca 
de la existencia de prácticas 
de colusión, reunidos por la Fiscalía 
con anterioridad a la solicitud de 
autorización para hacer uso de las 
facultades de esta letra. En la 
autorización, se deberá especificar 
con precisión, la singularización 
de las medidas, el tiempo por el 
cual podrán ejercerse y 
las personas a las que dichas 
medidas pueden afectar.

   El ejercicio de las facultades conferidas 
en el párrafo primero, deberá sujetarse 
a los requisitos y 
formalidades establecidos en los 
artículos 205; 207; 208; 209, incisos 
primero, segundo y tercero, 
no siendo aplicable la remisión de los 
antecedentes al fiscal regional para 
los efectos previstos en este 
último inciso; 210; 212 a 214, y 
216 a 225, salvo el inciso tercero 
del artículo 222, del Código 
Procesal Penal. Sin perjuicio 
de lo anterior, la Fiscalía 
no podrá interceptar las 
comunicaciones entre el sujeto 
investigado y aquellas personas que, 
por su estado, profesión o 
función legal, como el abogado, médico 
o confesor, tuvieren el deber de 
guardar el secreto que se les 
hubiere confiado.

   Las expresiones "fiscal" o "Ministerio 
Público" a que hacen referencia 
las disposiciones del Código 
Procesal Penal, se entenderán hechas, 
para los efectos de la presente ley, 
al "Fiscal Nacional Económico". Las 
referencias a "juez" o "juez de garantía", 
se entenderán efectuadas al Ministro 
de la Corte de Apelaciones señalado en 
el párrafo primero de este literal; 
las alusiones a "juicio oral" 
se entenderán al "procedimiento", 
y las efectuadas a "imputado" se 
entenderán hechas al "afectado".

   En caso que la Fiscalía no 
cumpliere con alguno de los 
requisitos o formalidades indicados 
en el párrafo cuarto, los 
afectados podrán reclamar ante el 
Ministro de Corte de Apelaciones a 
que se refiere el párrafo primero, 
el que resolverá de forma inmediata, 
en una sola audiencia, sin forma 
de juicio y oyendo a las partes.

   Los resultados de las actuaciones 
establecidas en el párrafo primero, 
no podrán ser utilizados 
como medios de prueba en el 
procedimiento ante el Tribunal, cuando 
el desempeño o ejercicio de 
ellas hubiere tenido lugar fuera de 
los supuestos establecidos en la 
ley o cuando no se hubieren 
cumplido los requisitos previstos 
para su procedencia y hubiere sido 
declarado así, en la forma 
señalada en el párrafo precedente, por 
el Ministro de Corte de Apelaciones 
allí referido.

   Los antecedentes que se obtengan 
en virtud del ejercicio de las 
facultades contenidas en esta 
letra, no podrán ser utilizados 
por la Fiscalía en ninguna otra 
investigación, salvo que medie 
una nueva autorización 
judicial;

   ñ) Suscribir acuerdos extrajudiciales 
con los agentes económicos involucrados 
en sus investigaciones, 
con el objeto de cautelar la 
libre competencia en los mercados.

   El Tribunal tomará conocimiento 
del acuerdo en una sola audiencia, 
sin forma de juicio, convocada 
especialmente al efecto, dentro del 
quinto día hábil de recibidos 
los antecedentes, durante la 
cual podrá escuchar alegatos de las 
partes comparecientes al acuerdo. El 
Tribunal deberá aprobar o 
rechazar el acuerdo en un plazo 
máximo de quince días hábiles, 
contados desde la fecha de la 
audiencia. Estas resoluciones 
una vez ejecutoriadas serán vinculantes 
para las partes que comparecieron 
al acuerdo y en su contra sólo 
procederá el recurso de reposición, y
   o) Las demás que señalen las leyes. 

   Artículo 39 bis.- El que ejecute una conducta prevista
en la letra a) del artículo 3° podrá acceder a una
reducción o exención de la multa cuando aporte a la
Fiscalía Nacional Económica antecedentes que conduzcan a
la acreditación de dicha conducta y a la determinación de
los responsables.                                                   Ley 20361
                                                                    Art. 1 Nº 18
   Para acceder a uno de estos beneficios, el ejecutor de la        D.O. 13.07.2009
conducta deberá cumplir los siguientes requisitos:

   1.- Proporcionar antecedentes precisos, veraces y
comprobables que representen un aporte efectivo a la
constitución de elementos de prueba suficientes para fundar
un requerimiento ante el Tribunal;

   2.- Abstenerse de divulgar la solicitud de estos
beneficios hasta que la Fiscalía haya formulado el
requerimiento u ordene archivar los antecedentes de la
solicitud, y

   3.- Poner fin a su participación en la conducta
inmediatamente después de presentar su solicitud.

   Para acceder a la exención de la multa, además de
cumplir los requisitos señalados en el inciso anterior, el
ejecutor de la conducta deberá ser el primero que aporte
los antecedentes a la Fiscalía, dentro del grupo de
responsables de la conducta imputada.

   Para acceder a una reducción de la multa, además de
cumplir los requisitos señalados en el inciso segundo, el
ejecutor de la conducta deberá aportar antecedentes
adicionales a los presentados por quien primero acompañó
antecedentes a la Fiscalía en virtud de este artículo. En
todo caso, la rebaja de la multa que solicite el Fiscal en
su requerimiento, no podrá ser superior al 50% de la mayor
multa solicitada para los demás ejecutores de la conducta
que no pueden acogerse a los beneficios de este artículo.

   En su requerimiento el Fiscal individualizará a cada
ejecutor de la conducta que cumplió los requisitos para
acceder al beneficio de exención o reducción de la multa.
Si el Tribunal diere por acreditada la conducta, no podrá
aplicar multa a quien haya sido individualizado como
acreedor de una exención, como tampoco una multa mayor a la
solicitada por el Fiscal a quien haya sido individualizado
como acreedor de una reducción de la misma, salvo que se
acredite durante el proceso que dicho acreedor fue el
organizador de la conducta ilícita coaccionando a los
demás a participar en ella.

   Quien alegue la existencia de la conducta prevista en la
letra a) del artículo 3°, fundado a sabiendas en
antecedentes falsos o fraudulentos con el propósito de
perjudicar a otros agentes económicos acogiéndose a los
beneficios de este artículo, será sancionado conforme a lo
establecido en el artículo 210 del Código Penal.

   Artículo 40º.- El Fiscal Nacional                                Ley N°19.911
Económico podrá, cuando lo estime                                   Art. Primero
necesario, asumir, por sí o por delegado,                           N° 11, letra g)
la representación de la Fiscalía en 
cualquier proceso e intervenir, de igual 
manera, en cualquier instancia, trámite 
o actuación determinada ante los
tribunales de justicia o autoridades                                Ley N°19.610
administrativas o municipales.                                      Art. Primero
   En sus escritos y actuaciones                                    Ley N°19.911
ante el Tribunal de Defensa de la                                   Art. Primero
Libre Competencia y los tribunales                                  N° 13
de justicia, la Fiscalía estará 
exenta de los impuestos que 
establecen las leyes y los 
abogados que la representen 
podrán comparecer personalmente 
ante los Tribunales Superiores.

   Artículo 41º.- La Fiscalía deberá                                Ley Nº 19.610
recibir e investigar, según corresponda,                            Art. 1º
las denuncias que formulen particulares                             Ley N°19.911
respecto de actos que puedan importar                               Art. Primero
infracción a las normas de la presente                              N° 14
ley, sin perjuicio de remitir a las 
autoridades competentes aquellas que 
deban ser conocidas por otros organismos 
en razón de su naturaleza. Para                                     Ley 20361
determinar si corresponde investigar                                Art. 1 Nº 18
o desestimar las denuncias                                          D.O. 13.07.2009
que se formulen, la 
Fiscalía podrá solicitar, dentro 
del plazo de 60 días de 
recibida la denuncia, antecedentes 
a particulares, como también llamar 
a declarar a cualquier persona 
que pudiere tener conocimiento 
del hecho denunciado. La entrega 
de antecedentes y la prestación de 
declaración señaladas 
previamente serán siempre voluntarias, 
y la Fiscalía Nacional Económica no 
podrá ejercer el apercibimiento 
previsto en el inciso primero 
del artículo 42 mientras no haya 
iniciado formalmente una 
investigación.

    Artículo 42º.- Las personas que                                 Ley Nº 19.610
entorpezcan las investigaciones que                                 Art. 1º
instruya la Fiscalía Nacional Económica                             Ley N°19.911
en el ámbito de sus funciones, podrán                               Art. Primero
ser apremiadas con arresto hasta por                                N° 15, letras
15 días.                                                            a) y b)
   La orden de arresto se dará por el 
juez letrado con jurisdicción en lo 
criminal que sea competente según las 
reglas generales, a requerimiento del 
Fiscal Nacional Económico, previa 
autorización de el Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia.
   Los funcionarios y demás personas que 
presten servicios en la Fiscalía Nacional 
Económica, estarán obligados a guardar 
reserva sobre toda información, dato o 
antecedente de que puedan imponerse con 
motivo u ocasión del ejercicio de sus 
labores y, especialmente, aquellos 
obtenidos en virtud de las facultades 
indicadas en letras a), g), h) y                                    Ley 20361
n) del artículo 39, y en el artículo                                Art. 1 Nº 20 a)
41. Sin perjuicio de lo                                             D.O. 13.07.2009
anterior, tales antecedentes podrán 
utilizarse para el cumplimiento de 
las funciones de la Fiscalía Nacional 
Económica y el ejercicio de las 
acciones ante el Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia o los tribunales 
de justicia.

   La infracción a esta prohibición se                              Ley 20361
castigará con las penas indicadas en                                Art. 1 Nº 20 b)
los artículos 246, 247 y 247 bis                                    D.O. 13.07.2009
del Código Penal, y con las 
sanciones disciplinarias que puedan 
aplicarse administrativamente 
por la misma falta. Asimismo, 
serán aplicables las normas de 
responsabilidad funcionaria 
y del Estado contempladas en la 
ley Nº19.880, en el decreto con fuerza 
de ley N° 29, de 2005, del 
Ministerio de Hacienda, que fija 
el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N°18.834, 
sobre Estatuto Administrativo, y 
en la ley N° 18.575, sobre Bases Generales 
de la Administración del Estado.

   Artículo 43º.- Los asesores o                                    Ley N°19.911
consultores que presten servicios                                   Art. Primero
sobre la base de honorarios para la                                 N° 16
Fiscalía Nacional Económica o el 
Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, se considerarán 
comprendidos en la disposición del 
artículo 260 del Código Penal.

   Artículo 44º.- La Fiscalía Nacional                              Ley Nº 19.610
Económica se financiará con los                                     Art. 1º
siguientes recursos, que se                                         Ley N°19.911
incorporarán a su                                                   Art. Primero
patrimonio y se administrarán de                                    N° 17 y Nº 18
acuerdo con la Ley de Administración 
Financiera del Estado, aprobada por el 
decreto ley Nº1.263, de 1975, y sus 
modificaciones:
   a) El aporte que se consulte anualmente 
en la Ley de Presupuestos de la Nación;
   b) Las costas y demás sumas que pueda 
percibir en los procesos en que participe;
   c) Los ingresos estipulados en los 
convenios de asesoría, investigación o 
de otra naturaleza que pueda celebrar 
con universidades y otras entidades 
docentes o de investigación públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras;
   d) Los derechos por concepto de 
certificados y copias que extienda, y
   e) Los bienes e ingresos de otra 
naturaleza que reciba a cualquier 
título.

   Artículo 45º.- Las presentaciones 
de los particulares dirigidas a la 
Fiscalía Nacional Económica, podrán                                 Ley N°19.911
ingresarse a través de las Intendencias                             Art. Primero
Regionales o Gobernaciones Provinciales                             N° 19 y Nº 20
respectivas, cuando el domicilio del 
peticionario se encontrare ubicado fuera 
de la ciudad de asiento de este organismo.
Si se tratare de presentaciones que 
deban hacerse dentro de determinado 
plazo, se entenderán efectuadas desde 
la fecha de presentación en la 
respectiva Intendencia o Gobernación.
   El Intendente o Gobernador, según el 
caso, deberá designar a un Secretario 
Regional Ministerial, jefe de servicio 
o abogado de su dependencia, según 
proceda, para la recepción y emisión 
de dichas comunicaciones, dentro de 
las veinticuatro horas de recibidas, 
a la Fiscalía Nacional Económica.

   Disposiciones transitorias

   Artículo 1º.- Las causas que a la fecha de entrada en
vigencia del decreto ley Nº211, de 1973, conocía la
Comisión establecida en el artículo 175 de la ley
Nº13.305, seguirán sustanciándose por la Comisión
Resolutiva con arreglo a las normas de dicho decreto ley.

   Artículo 2º.- Las Comisiones Preventivas Regionales,
Preventiva Central y Resolutiva, deberán constituirse
dentro del plazo máximo de quince días, a contar de la
fecha de publicación del decreto ley Nº211, de 1973, en el
Diario Oficial, a requerimiento de sus respectivos
Presidentes.

   Artículo 3º.- Para todos los efectos legales se
entiende que el cargo de Fiscal es el sucesor del empleo a
que alude el artículo 175 bis de la ley Nº 13.305 y
continuará servido por el titular que lo desempeñaba a la
fecha de entrada en vigencia del decreto ley
Nº211, de 1973.

   Artículo 4º.- En tanto el Presidente                             D.L. Nº 2.760,
de la República no haga uso de la                                   de 1979
facultad a que se refiere el artículo                               Art. 5º
21 de esta ley, el Fiscal de la                                     Transitorio
Defensa de la Libre Competencia que                                 Ley Nº 19.806
se desempeñaba a la fecha de entrada                                Art. 6
en vigencia del decreto ley Nº2.760, 
de 1979, ejercerá las funciones del 
Fiscal Nacional Económico.

   Artículo 5º.- Deróganse las                                      D.L. Nº 211,
disposiciones del Título V de la                                    de 1973
ley Nº13.305.                                                       Art. 4º
   Declárase que las conductas                                      transitorio
comprendidas en los hechos                                          D.L. Nº 1.386,
constitutivos de delito con arreglo                                 de 1976
a lo establecido en los artículos 1º,                               Art. Unico
2º y 3º de esta ley, según el texto 
original del decreto ley 
Nº211, de 1973, realizadas con 
anterioridad a la vigencia del citado 
cuerpo legal, no serán susceptibles 
de ser sancionadas en conformidad con 
lo expresado en los referidos preceptos, 
ni, tampoco, de acuerdo a lo que estatuía 
el Título V de la ley Nº13.305, derogado por 
el inciso anterior de este artículo, 
sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 1º transitorio.

   Artículo 6º.- Las Comisiones                                     D.L. Nº 2.760,
Preventivas Regionales sucederán,                                   Art. 1º
para todos los efectos legales, a                                   transitorio
las Comisiones Preventivas Provinciales 
de la región respectiva y continuarán 
conociendo, sin interrupción, de los 
asuntos que estuvieren en trámite.
   Las actuales Comisiones Preventivas 
Provinciales continuarán en funciones 
hasta que se constituyan las respectivas 
Comisiones Preventivas Regionales, las 
que deberán hacerlo dentro del plazo de 
sesenta días desde la fecha de entrada 
en vigencia del decreto ley Nº2.760, 
de 1979.

   Artículo 7º.- Las designaciones de                               D.L. Nº 2.760,
los miembros de la Comisión Resolutiva                              de 1979
y de la Comisión Preventiva Central                                 Art. 2º
deberán efectuarse dentro del plazo                                 transitorio
de treinta días desde 
la fecha de entrada en vigencia del 
decreto ley Nº2.760, de 1979.
   Las causas en acuerdo que se 
encuentren pendientes ante la Comisión 
Resolutiva en el momento de constituirse 
con sus nuevos miembros, serán 
resueltas por los integrantes que 
entrarán a la vista de la causa.

   Artículo 8º.- El Fiscal Nacional                                 D.L. Nº 2.760,
Económico podrá incorporar                                          de 1979
discrecionalmente todo o parte del                                  Art. 3º
personal que a la fecha de entrada                                  transitorio
en vigencia del decreto ley Nº2.760,                                Ley Nº 19.806
de 1979 prestaba servicios en la                                    Art. 6
Fiscalía a la planta fijada por el 
artículo 23 de esta ley.
   La diferencia de remuneraciones 
que pudiere producirse por aplicación 
de este artículo, se pagará al 
funcionario por planilla suplementaria 
imponible en la misma proporción que la 
remuneración que compensa, y será 
absorbida por los ascensos o 
nombramientos que beneficien al 
funcionario.
   El personal que no sea encasillado 
tendrá derecho a seguir percibiendo 
durante seis meses la remuneración 
total que le haya correspondido en 
el mes precedente al del encasillamiento, 
a título de indemnización, siempre que 
no tenga derecho a jubilación.

     Anótese, tómese razón y publíquese.- RICARDO LAGOS
ESCOBAR, Presidente de la República.- Jorge Rodríguez
Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
     Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud., Carlos Alvarez Voullieme, Subsecretario
de Economía, Fomento y Reconstrucción.