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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que rechace los recursos de protección interpuestos por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la Universidad de Santiago (Usach) y la Universidad de Chile (UCH) contra solicitudes de información efectuadas en el marco del Estudio de Mercado sobre la Educación Superior.

En la audiencia realizada hoy, el jefe de la División Litigios de la Fiscalía, Víctor Santelices, afirmó que dichas acciones deben ser rechazadas, porque no existe de parte de la FNE una actuación ilegal o arbitraria, ni tampoco una afectación a las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.

En este sentido, argumentó que la información fue requerida en el marco de las competencias legales expresamente conferidas a la FNE por el legislador para el cumplimiento de su función de resguardo a la libre competencia, tanto mediante la investigación de ilícitos anticompetitivos, como en el desarrollo de estudios de mercado, entre otras de sus atribuciones.

Agregó que la solicitud no puede considerarse una actuación arbitraria por parte de la Fiscalía, al encontrase debidamente fundada y justificada en la consecución de una finalidad legitima y que constituye una medida idónea para alcanzar los objetivos perseguidos por el Estudio de Mercado, necesaria para promover este fin y proporcional al no importar una carga injusta.

El representante de la FNE reiteró, además, los argumentos desarrollados por la Fiscalía en los informes presentados ante la Corte en respuesta a los recursos, en cuanto a que los datos de contacto solicitados a las instituciones de educación superior han sido utilizados para invitar a los estudiantes y exestudiantes a participar de un focus group y una encuesta, metodología que la Fiscalía ha empleado en otros estudios de mercado y que ha permitido llegar a conclusiones y recomendaciones valiosas en los distintos mercados estudiados.

Santelices descartó que la solicitud de antecedentes realizada por la Fiscalía pueda considerarse atentatoria de garantías fundamentales de las instituciones oficiadas o de los estudiantes. Asimismo, expuso que exactamente los mismos datos solicitados fueron aportados por otras 45 instituciones de educación superior oficiadas en el marco del desarrollo del estudio.

Por otra parte, la Fiscalía indicó que la información requerida es proporcional y justificada y que los datos de contacto solicitados a las tres universidades recurrentes en conjunto equivalen únicamente a entre 5% y 6% de la totalidad de estudiantes y exestudiantes del período comprendido en el estudio, resultando una muestra del todo acotada y pertinente si se compara con el universo de estudiantes y exestudiantes adscritos a la educación superior, ya que los matriculados en primer año en el sistema ascienden a 3,5 millones de personas en los últimos 10 años.

Detalló, además, que de ese universo la FNE optó por oficiar sólo a 48 instituciones de educación superior de las 140 existentes en el país, solicitando información relativa a un número acotado de años. Lo anterior, con el objetivo de alcanzar una debida representatividad de la complejidad del sistema de educación superior.

El Estudio de Mercado sobre la Educación Superior comenzó a realizarse en enero de 2024 y tiene como objetivo analizar la evolución competitiva de este segmento, que comprende a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

El análisis buscará determinar si tanto la demanda como la oferta educativa operan correctamente desde una perspectiva de libre competencia, para así identificar potenciales fallas y formular propuestas de mejoras legales y regulatorias al Poder Ejecutivo.

Ver Informe de la FNE en el recurso de protección de la Universidad de Santiago de Chile.

Ver Informe de la FNE en el recurso de protección de la Universidad de Chile.

Ver Informe de la FNE en el recurso de protección de la Pontificia Universidad Católica de Chile.