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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que evalúe medidas preventivas para asegurar que el Terminal de Buses de Santa Cruz funcione de manera competitiva y transparente.

Actualmente, la administración del terminal -el único municipal de uso público de la ciudad- está a cargo de la Sociedad Inmobiliaria Terminal Santa Cruz Limitada, conformada por la Asociación Gremial de Empresarios del Transporte de Pasajeros de Santa Cruz y la empresa Transportes Salamanca, a través de una concesión que se extiende hasta el año 2037.

La FNE advirtió que esta estructura puede generar riesgos para la competencia, debido a que una asociación de transportistas participa directamente en la gestión del terminal y, al mismo tiempo, en el mercado de transporte de pasajeros de la ciudad. Esta situación podría otorgar ventajas a sus socios frente a otros operadores y afectar las condiciones de quienes compiten en el mismo mercado.

Entre los problemas detectados se encuentran la amplia discrecionalidad de la administración en la gestión del terminal, facultades excesivas en los contratos de arriendo de boleterías y uso de andenes, acceso de la Asociación Gremial a información sensible de sus competidores y posibles riesgos de coordinación entre empresas, debido a la concentración de rutas y la transparencia de precios en boleterías.

Para prevenir estas situaciones, la FNE propuso al TDLC que se establezcan medidas como un protocolo de cumplimiento para evitar conflictos de interés y prácticas anticompetitivas, restringir el acceso de la Asociación Gremial a información estratégica del terminal y elaborar un manual de operaciones, con apoyo de un experto independiente, que defina reglas claras, objetivas y no discriminatorias para todos los operadores.

Con esta acción, la FNE busca garantizar que el Terminal de Buses de Santa Cruz funcione bajo condiciones que promuevan la competencia y beneficien directamente a los pasajeros.

Ver Consulta de la FNE.