Antimonopolios

Es la capacidad de una empresa o de un grupo de empresas de actuar (en buena medida) con presidencia de la conducta de sus competidores, de sus clientes y, en definitiva, de los consumidores.

Se refiere a las conductas realizadas por una empresa o un grupo de empresas que detentan una posición dominante que tienen por objeto impedir, restringir o entorpecer la competencia, o que tiendan a producir dichos efectos.

El abuso de posición dominante puede ser de tipo exclusorio (cuando la empresa dominante intenta limitar la habilidad de sus rivales actuales o potenciales para competir, con el objeto de alcanzar, mantener o aumentar su posición de dominio), o de tipo explotativo (cuando la empresa dominante utiliza su posición para extraer sobre-rentas u otras ventajas de los consumidores).

La División Antimonopolios desarrolla sus investigaciones en tres etapas: (i) análisis de admisibilidad, en el caso de que se haya presentado una denuncia; (ii) investigación, durante la cual se desarrollan diligencias como solicitudes de información, citaciones a prestar declaración o requerir información a entidades públicas; y, finalmente, (iii) cierre, por el archivo de la investigación -que puede ir acompañado de recomendaciones de cambio normativo o basarse en compromisos de los agentes económicos relevantes-, por la celebración de un acuerdo extrajudicial o iniciando un procedimiento ante el TDLC.

Las denuncias pueden presentarse físicamente o en el siguiente link, resguardándose, en el procedimiento administrativo, la confidencialidad de la identidad de quien denuncia. Los resultados de las investigaciones, en tanto, son públicos.

En caso de detectarse infracciones en la labor efectuada por la División Antimonopolios, el caso puede someterse al pronunciamiento del TDLC, el cual puede imponer, tanto a personas jurídicas como naturales, multas a beneficio fiscal de hasta: (i) el 30% de las ventas del infractor en la línea de productos o servicios asociada a la infracción durante el periodo por el cual ésta se haya extendido; (ii) el doble del beneficio económico reportado por la infracción; (iii) 60.000 UTA, en caso que no se pueda determinar los parámetros anteriores.

Adicionalmente, puede ordenarse la modificación o término de los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que infringen la libre competencia, así como la modificación de personas jurídicas de derecho privado e, incluso, su disolución.

Según la “Guía para el análisis de restricciones verticales” (2014) de la FNE, son mecanismos de operación (usualmente un contrato) entre agentes económicos independientes, situados en diferentes niveles de una cadena de producción, a través de los cuales se regulan las condiciones con que éstos compran, venden o revenden ciertos productos o servicios.

Las restricciones más comunes son: fijación de precios de reventa, sugerencia de precios de reventa, territorios exclusivos, distribución exclusiva, requerimiento de servicios y cláusula de cliente preferencial.
En general, para el análisis de estas restricciones se considera, además de la participación de mercado de los agentes económicos involucrados, los riesgos a la competencia y las eficiencias que puedan producir.

Venta atada es aquella en que los consumidores de un producto (producto vinculante) se ven forzados o inducidos a comprar también otro producto de la misma empresa (producto vinculado).

Si bien la venta atada o conjunta puede generar eficiencias, esta conducta podría vulnerar la libre competencia cuando una empresa ejerce su posición dominante en el mercado del producto vinculante para obtener poder de mercado en el del producto vinculado (apalancamiento).

Se refiere a aquellos precios o condiciones contractuales que no son negociadas individualmente y cuya incorporación es impuesta por una de las partes, que posee posición dominante.

La fijación de estos precios o condiciones puede causar un grave desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes, y perjuicios a los consumidores.

Son aquellas prácticas que tienen por objeto excluir a un competidor o inhibir la entrada de uno nuevo a través de, por ejemplo, la fijación de precios bajo un cierto costo por un tiempo determinado.

Estas prácticas, cuando son realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante, se encuentran prohibidas por el artículo 3, inciso 2°, letra c) del DL 211.

Se está ante un caso de negativa de venta o contratación cuando quien posee un activo o insumo, indispensable o esencial, para el proceso de producción, niega su uso a sus competidores para así impedir o eliminar la competencia. Esta negativa puede darse tanto de forma absoluta o incondicional, como a través de la imposición de términos injustificados.

Según la Ley N° 20.169, de Competencia Desleal, un acto de competencia desleal es toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.

Para que la competencia desleal sea sancionada en sede de libre competencia, el artículo 3°, inciso 2°, letra c) del DL 211 exige que aquella práctica sea realizada con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.

Los acuerdos de cooperación horizontal se definen como aquellos que son generalmente celebrados, por razones legítimas de negocios, entre agentes económicos que son competidores actuales o potenciales, o que están activos en el mismo nivel de la cadena de distribución o producción.

Su análisis, bajo el artículo 3° inciso 1°, consiste en hacer un considerar los riesgos anticompetitivos –unilaterales y coordinados– y las eficiencias traspasables a los consumidores que involucra el acuerdo.