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Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recursos de protección presentados por tres universidades y reafirma atribución de la FNE para solicitarles información en el marco del Estudio de Mercado sobre la Educación Superior
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, por la unanimidad de sus miembros, los recursos de protección interpuestos por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y la Universidad de Chile (UCh) contra solicitudes de información efectuadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el marco del Estudio de Mercado sobre la Educación Superior.
En sus sentencias, dadas a conocer ayer, la Corte resolvió que la FNE se apegó a las atribuciones que le confiere la ley al efectuar las solicitudes de información a las casas de estudio y que, además, estos requerimientos no fueron desproporcionados ni afectaron las garantías constitucionales de las universidades o de sus estudiantes.
En este sentido, al resolver el recurso de la PUC, la Corte sostuvo que “no es objeto de debate que la información pedida a la Universidad Católica se encuentra encuadrada dentro de la esfera de competencias de la Fiscalía, de lo que se sigue entonces, que no se necesita el consentimiento del titular —estudiantes y exestudiantes—, tornándose la oposición de la Universidad desprovista de sustento legal”, razonamiento que reitera a propósito de la decisión adoptada en el recurso formulado por la Uch.
“Estas sentencias reafirman las atribuciones que la ley le ha otorgado a la Fiscalía Nacional Económica para requerir información de los agentes económicos con el objeto de defender y promover la libre competencia en los mercados, no solo en la investigación de ilícitos anticompetitivos sino también en el desarrollo de estudios de mercado”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
En el proceso, la Corte también estableció que cabía “descartar las alegaciones de una supuesta desproporcionalidad de la información requerida o una falta de justificación de los fines que se perseguirían con la recopilación de datos” y destacó que las resoluciones y oficios de la Fiscalía habían dado cuenta de las razones que justifican la necesidad de efectuar un estudio sobre la educación superior.
Más aún, la Corte concluyó que no es posible vislumbrar la vulneración de las garantías constitucionales hechas valer por las recurrentes, toda vez que los datos requeridos tenían por objeto tomar contacto con estudiantes y exestudiantes para invitarlos a participar voluntariamente del Estudio.
Durante el desarrollo de su Estudio de Mercado sobre la Educación Superior, la FNE ofició a 48 instituciones de educación superior de las más de 130 existentes en el país, solicitando información relativa a un número acotado de años. De esas 48, un total de 45 respondieron el oficio en tiempo y forma, siendo las recurrentes las únicas que hasta la fecha no han cumplido con su obligación legal al haber formulado los recursos de protección que terminaron siendo desestimados por la Corte.
El Estudio de Mercado sobre la Educación Superior comenzó a realizarse en enero de 2024 y tiene como objetivo analizar la evolución competitiva de este segmento, que comprende a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
Sobre las finalidades del Estudio, la Corte sostuvo que éste “se concibe desde la perspectiva del resguardo de la libre competencia, identificándose preliminarmente potenciales límites a la competencia, que se describen pormenorizadamente, concernientes a cómo los estudiantes toman sus decisiones respecto a qué carrera y en qué institución estudiar y cuál es la realidad laboral de los estudiantes luego de su egreso”.
El Estudio de la FNE busca determinar si tanto la oferta como la demanda educativa operan correctamente desde una perspectiva de libre competencia, para, en el caso de identificar fallas, formular propuestas de mejoras legales y regulatorias al Poder Ejecutivo.
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