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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas que procesan centolla en la Región de Magallanes y a ocho de sus ejecutivos por haberse coludido, al menos entre los años 2012 y 2021, para fijar los precios al que compran este recurso, que extraen los pescadores artesanales de la zona.

La FNE solicitó al TDLC aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de US$ 54 millones ($ 51.870 millones) a las empresas involucradas, y de 511 UTA, casi US$ 445 mil ($ 424 millones) a los ejecutivos responsables.

La FNE acusa que, para lograr su objetivo, los representantes de las compañías se reunían presencialmente (en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales) o se contactaban a través de llamados, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla.

Con estos antecedentes, las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör coordinaban sus precios de compra de centolla al comienzo de la temporada, y retrasaban o contenían las alzas de precios que ocurrían durante todo el periodo extractivo del recurso que va desde julio a noviembre de cada año.

Estas empresas, entre 2017 y 2021, adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de la zona en el período de extracción, para luego procesarla y exportarla casi en su totalidad, siendo China, Estados Unidos y México sus principales destinos.

En su investigación, la FNE constató que, como el precio de compra de la centolla va aumentando durante la temporada de extracción, las empresas a través de esta colusión buscaban obtener un precio de inicio de temporada más bajo que el que se habría dado en un escenario competitivo y luego retrasar o contener las alzas, trasmitiéndose entre ellas una preocupación por la evolución de los precios y actuando de manera coordinada frente a los pescadores.

“Al comunicarse, las Empresas Requeridas corroboraban, por ejemplo, cuánto estaban efectivamente pagando sus competidores -para confirmar o descartar la información entregada por los proveedores-, o cuál sería su estrategia en futuras compras, neutralizando de esta forma la independencia en la toma de decisiones y la incertidumbre sobre el comportamiento de los rivales que deben existir en un entorno competitivo”, señala el requerimiento de la FNE.

La investigación da cuenta de que esta práctica generó un perjuicio a los pescadores artesanales de la Región de Magallanes que extraen este recurso, quienes recibieron menores pagos en comparación a aquellos que hubiesen percibido en un mercado competitivo sin los permanentes contactos que mantenían las empresas y personas acusadas.

Investigación

Las indagaciones de la FNE comenzaron en julio del año 2020, luego de una denuncia, utilizándose todas las herramientas que confiere la ley para perseguir la colusión. Incluso, en febrero de 2021, se otorgó el beneficio de la delación compensada a la empresa Bakkavör y a tres de sus ejecutivos, quienes confesaron su participación y la de las otras compañías en este cartel y aportaron información útil para acreditarlo.

También se contemplaron interceptaciones telefónicas a ejecutivos y allanamientos e incautaciones en dependencias de las empresas ubicadas en Porvenir, Región de Magallanes.

Lo anterior, sumado a las declaraciones prestadas por ejecutivos de las requeridas ante la FNE, en las cuales reconocieron los contactos con sus competidores y las conversaciones sobre el precio de compra de la centolla, permitió obtener contundente evidencia que acredita la conducta colusoria acusada en la presentación ante el TDLC.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, manifestó que “con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de desplegarse en cualquier rincón del país donde exista alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales”.

En el caso de la centolla, el Fiscal destacó que “aunque hoy se exporta casi la totalidad de la centolla extraída, resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso”.

Esta acción enfocada en un mercado regional se suma a la presentada a fines de marzo de este año por la FNE en contra de un grupo de panaderos industriales de la Provincia de Iquique por haberse coludido en el mercado de elaboración y comercialización mayorista de pan que se entrega, entre otros, a almaceneros de la zona.

Ver Requerimiento de la FNE.