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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó antecedentes ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el marco de la consulta realizada por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A.G. (ADI) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sobre la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución Eléctrica, dictada en 2024 por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Tras revisar el procedimiento de conexión y ampliación de nuevos suministros eléctricos, considerando la naturaleza de monopolio legal de la distribución y el rol de las empresas distribuidoras, la FNE advirtió que, en ausencia de reglas claras, fiscalización efectiva y plazos exigibles, estos procesos pueden generar riesgos para la competencia, especialmente en mercados donde participan terceros distintos de las distribuidoras, como los instaladores eléctricos.

Entre los riesgos identificados en el informe elaborado por la División Antimonopolios de la FNE se encuentran asimetrías de información, discrecionalidad en la definición de obras y plazos, falta de transparencia en presupuestos y contratos, además de aquellos derivados del ejercicio simultáneo, por parte de las distribuidoras, de funciones de certificación y provisión de servicios potencialmente competitivos.

Si bien la Fiscalía detectó avances en la estandarización del proceso con la implementación de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución Eléctrica, sostuvo que persisten espacios de mejora para garantizar mayor eficiencia y condiciones competitivas en este sector.

Por ello, propuso medidas orientadas a reforzar la transparencia, objetividad y trazabilidad del procedimiento, tales como una mayor precisión en la definición y aplicación de los servicios asociados, particularmente aquellos sujetos a tarifas máximas, la armonización de plazos y responsabilidades, el fortalecimiento de la fiscalización sectorial y la facilitación de la participación de terceros en actividades que pueden prestarse en condiciones de competencia.

En definitiva, la FNE concluyó que un diseño regulatorio más claro y exigible contribuye a mitigar riesgos de abuso, promover la eficiencia del sistema y resguardar la competencia en beneficio de solicitantes y consumidores finales.

Ver Informe de la FNE.