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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) participó hoy en la audiencia pública convocada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el marco de la consulta presentada en noviembre pasado para que dicho Tribunal evalúe la adopción de medidas preventivas destinadas a asegurar el funcionamiento competitivo del Terminal de Buses de la ciudad de Santa Cruz.

En la audiencia, la abogada de la División Antimonopolios de la FNE, Julie Massmann, expuso que la administración del terminal -el único de uso público de la ciudad- se encuentra concesionada hasta el año 2037 a la Sociedad Inmobiliaria Terminal Santa Cruz Limitada, conformada por la Asociación Gremial de Empresarios del Transporte de Pasajeros de Santa Cruz y la empresa Transportes Salamanca.

La representante de la FNE advirtió que esta estructura presenta riesgos relevantes para la competencia, debido a que la asociación gremial de transportistas participa simultáneamente en la administración del terminal y, a través de sus asociados, en el mercado de transporte de pasajeros desde y hacia la ciudad de Santa Cruz.

Según expuso la abogada de la FNE, la actual administración posee una amplia discrecionalidad en la toma de decisiones operativas, y podría otorgar ventajas competitivas indebidas a los asociados de la Asociación Gremial en desmedro de otros operadores, afectando las condiciones en que se desarrolla la competencia.

En el curso de la investigación, la FNE identificó tres tipos de categorías principales de riesgos. En primer lugar, riesgos de carácter exclusorio y de sabotaje, asociados a la posibilidad de que la administración niegue el acceso a nuevos competidores o perjudique a los actuales mediante la degradación de la calidad de los servicios ofrecidos. Entre estos comportamientos se incluyen, por ejemplo, la imposición abusiva de multas, cambios arbitrarios de andenes o la negativa injustificada a autorizar salidas extraordinarias en períodos de alta demanda.

En segundo lugar, se identificaron riesgos de coordinación anticompetitiva, inherente a que un grupo de empresas que compiten entre sí interactúe de manera habitual tanto en el uso de una infraestructura común como en el contexto de una asociación gremial, lo que podría facilitar intercambios de información sensible o conductas concertadas.

Finalmente, la FNE advirtió la existencia de riesgos explotativos, debido a la ausencia de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios para la fijación de tarifas. Esta situación permitiría a la administración imponer cobros potencialmente excesivos por «derecho de losa» o arriendo de boleterías.

A fin de neutralizar los referidos riesgos, la FNE solicitó al TDLC la adopción de las siguientes medidas: (i) la elaboración de un protocolo de cumplimiento para evitar conflictos de interés y prácticas anticompetitivas; (ii) la restricción del acceso de los miembros de la Asociación Gremial a información estratégica del terminal; y (iii) la elaboración de un manual de operaciones, con apoyo de un experto independiente, que establezca reglas claras, objetivas y no discriminatorias para todos los operadores que utilicen el terminal.

Ver Consulta de la FNE.