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Con el objeto de resguardar la competencia por calidad en el marco de la política de gratuidad, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) tres recomendaciones principales de modificación normativa en materia de la regulación de aranceles de la educación superior.

Este planteamiento fue realizado por la FNE en un informe elaborado por su División Antimonopolios en el marco de la consulta presentada por las universidades Finis Terrae, de Las Américas, Autónoma de Chile, Central de Chile, Bernardo O’Higgins, Mayor y Santo Tomás, en la cual solicitaron al TDLC pronunciarse sobre si las resoluciones de la Subsecretaría de Educación Superior que establecen las bases técnicas para abordar aranceles, matrículas y cobros por graduación en el contexto de gratuidad son compatibles con la normativa de defensa de la libre competencia.

Al analizar las materias consultadas por las casas de estudio, la FNE descartó una discriminación arbitraria de carácter exclusorio y concluyó que existen aspectos procedimentales, institucionales y metodológicos que podrían tener efectos restrictivos de la competencia en el sector y que son susceptibles de mejora.

En este análisis -y considerando el trabajo previo realizado en el marco del Estudio de Mercado sobre la Educación Superior, publicado en enero del presente año- la FNE expresó que el proceso de regulación de aranceles requiere modificaciones en cuanto a plazos y oportunidades de participación, tanto de las instituciones de educación superior como de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, contraparte técnica de la Subsecretaría de Educación Superior.

Asimismo, señaló que el diseño metodológico para el cálculo y determinación de los aranceles presenta algunas decisiones con un sustento técnico-económico limitado, que podrían derivar en una subremuneración de los costos del subsistema universitario y que no reconocen adecuadamente la diferenciación basada en atributos de calidad entre las instituciones.

Además, consignó que las falencias detectadas podrían reducir los incentivos a realizar inversiones que permitan mantener o mejorar una diferenciación por calidad entre las universidades adscritas a la política de gratuidad, en el mediano plazo, así como disminuir la oferta de vacantes en carreras sub financiadas, sin que ello tenga necesariamente una relación con las preferencias de los estudiantes o las necesidades del mercado laboral.

Considerando estos hallazgos y para conjugar adecuadamente los objetivos de política pública sobre educación superior con la protección de la libre competencia, la FNE efectuó las siguientes recomendaciones principales de modificación normativa:

1. Establecer un procedimiento regulatorio estable, con hitos intermedios definidos, plazos adecuados y mecanismos de participación que aseguren a las instituciones y a la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles un acceso equitativo, oportuno y transparente a la información sobre la metodología y los cálculos efectuados por la Subsecretaría de Educación Superior.
2. Fortalecer el rol técnico de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, a fin de asegurar un adecuado contrapeso metodológico y una exhaustiva revisión y correcta aplicación de los aranceles regulados. Alternativamente, se podría evaluar otro modelo de comisión experta, orientada a la resolución técnica e independiente de discrepancias entre la autoridad y los agentes regulados.
3. Diseñar una metodología para el cálculo de los aranceles que tenga sustento técnico-económico robusto, que represente los costos considerados y resguarde la coherencia interna del modelo, además de explicitar claramente los criterios de política pública que inciden en él para otorgar mayor certeza jurídica y previsibilidad al proceso.

Ver Informe de la FNE.