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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que incorpore exigentes resguardos regulatorios y de fiscalización en la futura concesión conjunta de los Terminales N°1 y N°2 del Puerto de Valparaíso, prevista a partir de 2030, debido al contexto de congestión persistente, alta concentración en segmentos relevantes y limitadas alternativas operativas existentes en dicha zona del país.

En la audiencia pública realizada por el TDLC para analizar la solicitud presentada por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), el abogado de la División Antimonopolios de la FNE, Alejandro Domic, afirmó que el sistema portuario de Valparaíso operará bajo un escenario de alta congestión, que podría extenderse al menos hasta 2037 -si no hay retrasos adicionales en la construcción del nuevo terminal de San Antonio-, con niveles de demanda cercana o incluso superiores a la capacidad disponible.

La FNE precisó que la congestión reduce la presión competitiva entre terminales, eleva el riesgo de ejercicio de poder de mercado y aumenta los incentivos para conductas discriminatorias o exclusorias, e indicó que, aunque la concesión conjunta se justifica dadas las restricciones de capacidad, su aprobación debe ir acompañada de medidas proporcionales y efectivas que prevengan riesgos competitivos en un entorno estructuralmente más exigente, más aún considerando que se define el marco regulatorio de un activo estratégico para el comercio exterior de la zona central para las próximas tres décadas.

En su intervención, la FNE expuso que actualmente un 96% de la carga fraccionada se concentra en Valparaíso, con escasas alternativas en la región, y explicó que en el contexto de congestión previsto existen incentivos a desplazarla en favor de cargas más rentables. Para evitar su exclusión y resguardar tanto la competitividad como la continuidad de servicios esenciales, se propuso ajustar incentivos tarifarios y reglas operativas.

En relación con la operación futura de la concesión, la Fiscalía advirtió que los riesgos asociados a la integración vertical, la aplicación de descuentos y las condiciones de acceso se intensifican en escenarios de congestión, por lo que requieren un fortalecimiento sustantivo de los mecanismos de fiscalización.

En este sentido, planteó la necesidad de asegurar el acceso oportuno y suficiente a información relevante, establecer sanciones proporcionales al beneficio obtenido y avanzar en mayores estándares de transparencia. Estas medidas se justifican en las limitaciones que han mostrado los mecanismos actuales, que deben ser reforzados para garantizar una supervisión efectiva durante toda la vigencia del contrato.

Adicionalmente, y con el fin de evitar distorsiones competitivas y efectos sobre los costos del comercio exterior, la FNE reiteró la importancia de revisar antes de la licitación la metodología de ponderadores del índice ofertado de tarifas, la inclusión de tarifas para cruceros en el mecanismo de adjudicación y el diseño del canon fijo y variable que pagará el adjudicatario.

Por último, la FNE indicó que el análisis del TDLC debería considerar como estándar mínimo los resguardos establecidos para el Puerto Exterior de San Antonio, con el objeto de evitar asimetrías regulatorias entre infraestructuras portuarias con vínculos funcionales y geográficos.

Ver Informe de la FNE.