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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acoger el requerimiento que presentó en octubre de 2021 contra las empresas de transporte de valores Brink’s, Prosegur, Loomis y contra seis de sus exejecutivos principales, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.

En los alegatos realizados hoy en el TDLC, en el marco del proceso iniciado por la FNE, el Jefe de la División de Litigios de la institución, Víctor Santelices Ríos, expuso los antecedentes que acreditan la colusión en la que participaron las principales empresas del rubro del país a través de sus ejecutivos en dicha época.

De acuerdo con la FNE, el inicio del acuerdo se remonta, al menos, a marzo del 2017, momento en que los ejecutivos de Brink’s y Prosegur ya coordinaban los precios de sus servicios de transporte de valores, atención de cajeros automáticos o ATM, tesorería, y pago de remuneraciones y/o prestaciones sociales. A este acuerdo se plegó Loomis en diciembre del mismo año.

El abogado de la FNE expuso ante el TDLC que, en el marco de sucesivas reuniones y contactos, que incluyeron viajes a Chile de los ejecutivos extranjeros para reunirse con competidores, así como intercambio de planillas Excel con registros de precios y negociaciones de tarifas, las empresas definieron conjuntamente los precios de sus servicios y un nuevo esquema tarifario.

Agregó que la conducta afectó tanto a instituciones bancarias como no bancarias. Según la FNE, el acuerdo comprendió, entre otros, servicios asociados al pago de prestaciones sociales y a la Teletón del año 2018.

El abogado explicó, además, que “las requeridas intentaron justificar los contactos enunciados en el requerimiento en base a diversas defensas, muchas de las cuales, al examinar la abrumadora evidencia que acredita el acuerdo, no alcanzan un mínimo grado de plausibilidad”.

Así, la FNE pidió al TDLC que aplique a sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de US$ 72 millones. Las mayores multas fueron solicitadas para Brink’s, por 39.325 UTA, (US$ 34,7 millones) y para Prosegur, por 33.253 UTA (US$ 29,37 millones). Para Loomis, la FNE pidió una sanción económica de 8.314 UTA, equivalente a US$ 7,3 millones.

En el caso de los ejecutivos, la FNE solicitó sancionar a los ex gerentes generales de las tres empresas de transportes de valores en Chile: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s) con 149 UTA (US$ 131 mil), Marco Malverde Muñoz (Prosegur) con 134 UTA (US$ 118 mil), y Cristián Catalán Jerez (Loomis) con 114 UTA (US$ 100 mil).

Asimismo, y pese a encontrarse radicados en el exterior, también se solicitó sancionar a los ex jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica: Martín Matos Pardo, Director General Latam Sur de Prosegur, para quien se pidió una sanción económica de 174 UTA (US$ 153 mil) y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis, con un monto de 122 UTA (US$ 107 mil).

Adicionalmente, la FNE pidió al TDLC que exima de multa a la persona natural que reveló la existencia del cartel en el marco del programa de delación compensada y que se declare expresamente que se encuentra exenta de responsabilidad penal por los hechos que son objeto de la acusación.

Investigación y juicio

La investigación comenzó luego de que una persona natural solicitara acogerse al beneficio de delación compensada, entregando evidencia sobre la existencia del cartel. Luego, con la colaboración de Carabineros de Chile, la FNE allanó las tres empresas involucradas y los domicilios particulares de los ex gerentes generales de cada una de éstas.

En esta diligencia, la FNE incautó información física y digital con evidencia directa del acuerdo. Gracias a estas medidas, en su investigación, la Fiscalía tuvo acceso a mensajes vía WhatsApp y planillas con idéntico formato en poder de dichos ejecutivos, que acreditan la coordinación y otros contactos entre las empresas acusadas.

El oportuno inicio de la investigación permitió a la FNE desbaratar un cartel que se encontraba en plena ejecución y que seguía activo, al menos, hasta pocos días antes del allanamiento realizado en las instalaciones de las empresas y en los domicilios de sus gerentes a fines del 2018.

La evidencia muestra, además, que los actores adoptaron diversos resguardos para mantener ocultos sus contactos con la competencia, tales como el uso de un pendrive encriptado, o apodos para referirse a la competencia en mensajes internos.

Durante el juicio ante el TDLC, iniciado en octubre del 2021, la Fiscalía tramitó diversos exhortos para notificar a ejecutivos que se encontraban en el extranjero. A su vez, el TDLC decretó –a solicitud de la FNE– una medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre un inmueble del ex gerente general de Brink’s, Alberto Bálsamo, atendido que, antes de salir del país, este dejó un mandato para enajenar sus inmuebles en Chile.

Otra particularidad del caso es el hecho de que los requeridos presentaron diversos requerimientos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, con el objeto de que se ordenara a la Fiscalía exhibir la totalidad del expediente de Investigación de forma previa a la presentación de las contestaciones y de que se denegara la citación a declarar a los ejecutivos acusados. Sin embargo, en ambas oportunidades, tales libelos fueron rechazados por dicha magistratura, confirmando que el procedimiento contencioso de libre competencia satisface las exigencias constitucionales en materia de debido proceso.

Ver Requerimiento.