El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, participó hoy en el seminario “Desafíos de Libre Competencia para el Chile de Hoy: Visión de las Autoridades”, en el marco del cual fue inaugurado el CentroCompetencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez.
En el evento expusieron también los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; y de Economía, Lucas Palacios; junto al presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Enrique Vergara; la ministra del mismo tribunal, María de la Luz Domper; y el director del CeCo y ex Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.
En la ocasión, el Fiscal destacó la efectividad que ha mostrado el sistema de libre competencia chileno durante la última década, especialmente en la detección y persecución de carteles, presentando acciones por colusión contra más de 200 personas naturales y jurídicas y obteniendo multas por cerca de US$ 150 millones.
Asimismo, valoró el anuncio del gobierno de desarrollar una “Agenda Anti-Abusos”, afirmando que “nos sumamos a las iniciativas, como la señalada agenda gubernamental, que signifiquen fortalecer aún más las herramientas de la Fiscalía Nacional Económica para cumplir la misión, que expresamente le encomienda el Decreto Ley 211, de perseguir las colusiones y los abusos de posición dominante en los mercados nacionales”.
El Fiscal también dijo ser partidario de que aumenten las sanciones para la colusión y señaló que es errado afirmar que el sistema establecido tras la reforma legal de agosto de 2016, que entregó al Fiscal Nacional Económico la titularidad de la acción penal, no esté funcionando porque no se han presentado querellas por casos de colusión.
En este sentido, explicó que, para acudir a la sede penal, los hechos acusados deben haber ocurrido con posterioridad a la promulgación de la ley de agosto de 2016 y que debe haber una sentencia ejecutoriada al respecto, lo que aún no ha ocurrido.
Afirmó, eso sí que “presentaremos querella cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 62 del Decreto Ley 211 y conforme a los criterios públicamente explicitados en nuestra Guía Interna para la Interposición de Querellas por el Delito de Colusión, de junio de 2018”.
En la misma línea, advirtió también que, si se quita la atribución de querellarse a la FNE, existe el riesgo de que la persecución deje de ser eficaz y de afectar mecanismos como la delación compensada, que es fundamental en esta tarea.
“En definitiva, algunas soluciones que parecen severas arriesgan dañar un sistema que ha funcionado en sede administrativa y que, por las razones ya señaladas, creemos que, en el futuro cercano, aunque no inmediato, estará en condiciones de mostrar su efectividad en obtener sanciones penales en casos de colusión”, concluyó.