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El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, participó hoy en la sesión realizada por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para abordar el Proyecto de Ley que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta su pena.

La iniciativa forma parte de la Agenda Antiabusos anunciada por el gobierno en marzo pasado y otorga a la FNE nuevas facultades intrusivas, como el alzamiento del secreto y de la reserva bancaria y la fotografía, filmación o grabación de comunicaciones.

El proyecto también incluye sanciones a quienes entorpezcan los allanamientos de la FNE y a quienes oculten o destruyan evidencia. Además, contempla que la Fiscalía pueda notificar el inicio de una investigación o solicitar información a empresas extranjeras mediante sus filiales o agencias constituidas en Chile.

Por otra parte, la moción establece la posibilidad de apremiar y aplicar sanciones a las entidades públicas que no respondan a las solicitudes de información de la Fiscalía y contempla la creación de la División de Fiscalización de la FNE.

En su exposición, el Fiscal señaló que se trata de “un buen proyecto porque entrega a la Fiscalía herramientas nuevas que, de aprobarse, van a contribuir a la detección, acreditación y sanción de la colusión en Chile”.

El Fiscal precisó que durante la última década la FNE ha detectado y perseguido por colusión a más de 200 personas naturales y jurídicas, involucrando a algunos de los principales grupos económicos de nuestro país, y que, en muchos de los casos de colusión, la justicia ha aplicado las multas máximas existentes en la legislación de la época.

Agregó que la FNE considera que las sanciones penales tienen un efecto disuasivo relevante contra la colusión y que la institución se encuentra investigando hechos posteriores a la ley del 2016 en los cuales podría aplicarse estas sanciones.

“No nos temblará la mano y presentaremos querellas en aquellos casos que, de acuerdo a la ley y a los criterios que la FNE publicó en junio de 2018, lo ameriten”, afirmó.

El Fiscal dijo también que está en desacuerdo con traspasar al Ministerio Publico la acción penal en casos de colusión. “Por razones técnicas, la FNE rechaza total y absolutamente que la acción penal quede en manos del Ministerio Publico”, señaló.

Entre los argumentos que justifican esta postura mencionó el riesgo de investigaciones paralelas, el efecto negativo sobre la delación compensada, la especialización alcanzada por la FNE y su efectividad en los casos de colusión, además del resguardo de la confidencialidad, entre otras.