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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) reiteró su defensa a las atribuciones que le confiere el Decreto Ley N° 211 de 1973 para realizar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados y requerir los antecedentes que estime necesarios para su desarrollo.

En dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información efectuadas en el marco del Estudio de Mercado sobre la Educación Superior, la FNE dio cuenta de las atribuciones que expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.

Además, la FNE expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este Servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.

En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.

En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.

Al respecto, la Fiscalía señaló que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.

Además, aportó antecedentes para demostrar que las amenazas señaladas no existen ni han existido y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.

En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.

En este sentido, la Fiscalía expresó que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Indicó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.

Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior —tanto públicas como privadas— respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.

Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El Estudio de Mercado sobre la Educación Superior comenzó a realizarse en enero de 2024 y tiene como objetivo analizar la evolución competitiva de este segmento, que comprende a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

El análisis buscará determinar si tanto la demanda como la oferta educativa operan correctamente desde una perspectiva de libre competencia, para así identificar potenciales fallas y formular propuestas de mejoras legales y regulatorias al Poder Ejecutivo.

Ver Informe de la FNE en el recurso de protección de la Universidad de Santiago de Chile.

Ver Informe de la FNE en el recurso de protección de la Universidad de Chile.

Ver Informe de la FNE en el recurso de protección de la Pontificia Universidad Católica de Chile.