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El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, asistió hoy a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado para referirse al proyecto de ley que modifica la Ley N°20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje en materia de residuos peligrosos.

El Fiscal valoró que la institución haya sido citada a la Comisión y señaló que “es clave que las regulaciones puedan avanzar y fomentar la competencia en los mercados en compatibilidad con otros bienes jurídicos”.

Respecto al proyecto en discusión, el Fiscal afirmó que la prohibición absoluta -o cuasi absoluta- de exportación de residuos peligrosos no parece ser el mecanismo adecuado para generar un nivel óptimo en el tratamiento de éstos y que la experiencia de las baterías fuera de uso “muestra que una prohibición absoluta -o cuasi absoluta- genera efectos anticompetitivos y obstaculiza enfrentar adecuadamente las externalidades ambientales y sanitarias propias de esta materia”.

Agregó que en 2016 la Fiscalía analizó una denuncia en contra de la empresa de reciclaje Recimat por abuso de posición monopsónica, en la cual detectó que esta empresa es el único actor del mercado de tratamiento de baterías fuera de uso y que existen altísimas barreras de entrada, especialmente requerimientos legales ambientales y sanitarios, y resistencia de comunidades aledañas.

Además, la autoridad explicó que estas barreras se agravan con la prohibición de exportación establecida en el Decreto Supremo N°2/2010, del Ministerio de Salud y, en cuanto al mercado, detalló que los vendedores de baterías fuera de uso son atomizados y carecen de poder de contrapeso, a lo que se suma que los precios bajos de compra de éstas pueden generar un menor tamaño del mercado que opera a un nivel sub-óptimo.

El Fiscal hizo presente que la Fiscalía recomendó al Poder Ejecutivo en 2016 la derogación de la prohibición de exportación contenida en el Decreto Supremo N°2/2010 del Ministerio de Salud, lo cual permitiría entregar alternativas reales y competitivas para la disposición de baterías fuera de uso, limitando la posición dominante de Recimat, y generar un nivel más óptimo de tratamiento de residuos.

Al respecto, señaló también que la exportación de baterías fuera de uso sería compatible con el Convenio de Basilea en la medida que se acredite que éstas serán valorizadas y no solo eliminadas en su punto de destino y que la valorización se efectúe conforme a las normas ambientales internacionales.