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El jefe de Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Sebastián Castro, junto a la abogada del mismo equipo Macarena Alliende, asistieron hoy a una sesión de la Comisión de Economía del Senado, convocada para conocer la opinión de la FNE sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

En su intervención, el representante de la Fiscalía se refirió al diagnóstico y a las principales conclusiones a las que llegó la institución en el Estudio de Mercado que analizó el mercado de compras públicas, publicado en noviembre del 2020.

También expuso a los senadores las recomendaciones normativas que entregó la FNE al Poder Ejecutivo sobre la materia, algunas de las cuales fueron incluidas en el proyecto de ley que está en discusión.

La propuesta realizada por la FNE consistió en una reforma estructural al sistema de compras públicas, cuyo impacto fue estimado en ahorros para el Estado por al menos entre US$ 290 millones y US$ 855 millones al año.

El estudio abarcó el período 2017- 2019 y detectó, entre otros aspectos, que 55% de las adquisiciones del Estado fueron realizadas mediante el mecanismo de licitación pública; 25%, por convenio marco y 20%, por trato directo. Además, en 25% de aquellos procesos en los que hubo licitación participó sólo un oferente y en 55% de ellos, acudieron tres o menos competidores.

El informe también señaló como focos de preocupación los convenios marco y el trato directo, debido a que nos son procesos competitivos y a que no fueron justificados de manera adecuada, respectivamente.