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El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, participó hoy en el conversatorio “Proyecto de ley que moderniza la Ley 19.886 sobre compras públicas”, organizado por el programa de Magíster en Derecho, LLM de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Al encuentro también asistieron el Decano de Derecho UC, Gabriel Bocksang; el Director del LLM UC, Miguel Ángel Fernández; el Presidente del Tribunal de Contratación Pública, Álvaro Arévalo; y el Director Jurídico de ChileCompra, Ricardo Miranda.

Además, participaron los expertos Alejandro Román, de la Universidad de Sevilla; Carolina Helfmann, Profesora de Derecho UC y LLM UC; Trinidad Inostroza, ex directora de ChileCompra y profesora LLM UC; Pablo Alarcón, Profesor LLM y Juez Titular del Tribunal de Contratación Pública y José Luis Lara, profesor de Derecho UC y LLM UC y socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

En su exposición, el Fiscal se refirió al Estudio de Mercado sobre Compras Públicas, publicado por la FNE en noviembre del año pasado, que recomendó al Ejecutivo realizar una reforma estructural a este mercado, que podría traducirse en ahorros para el Estado por al menos entre US$ 290 millones y US$ 855 millones al año.

Ese estudio, que abarcó el período 2017- 2019, detectó, entre otros aspectos, que 55% de las adquisiciones del Estado fueron realizadas mediante el mecanismo de licitación pública; 25%, por convenio marco y 20%, por trato directo. Además, en 25% de aquellos procesos en los que hubo licitación participó sólo un oferente y en 55% de ellos, acudieron tres o menos competidores.

El informe también señaló como focos de preocupación los convenios marco y el trato directo, debido a que nos son procesos competitivos y a que no fueron justificados de manera adecuada, respectivamente.

En el encuentro, el Fiscal destacó que el estudio contiene información completa sobre el sistema de compras y contrataciones públicas. En este sentido, valoró que el Proyecto de Ley que modifica el sistema haya acogido algunas de las recomendaciones hechas por la FNE, en cuanto a facultades regulatorias de ChileCompra, ampliación de la competencia del Tribunal de Contratación Pública, un nuevo sistema digital, sistema estructurado de planificación, convenios marco y trato directo.