El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, participó hoy en la XVI Jornada de Libre Competencia UC, organizada por el Programa de Libre Competencia de la Pontificia Universidad Católica, y titulada “A 10 años de la Ley N° 20.945: balance y desafíos del sistema chileno de libre competencia”.
La apertura del evento estuvo a cargo del Ministro de la Corte Suprema Omar Astudillo. A continuación, se realizaron dos paneles, en los cuales se abordó la evolución del sistema de control de operaciones de concentración y las acciones indemnizatorias en libre competencia.
El cierre del encuentro lo realizó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, quien valoró la reforma realizada al Decreto Ley N° 211 en 2016 por haber robustecido el sistema chileno de libre competencia en diversos ámbitos.
A continuación, el Fiscal puso el foco en el control de operaciones de concentración, destacando que en Chile se ha logrado modelar un sistema basado en una lógica de colaboración entre la autoridad y los agentes económicos, que es capaz de identificar y prevenir oportunamente los riesgos que pueden emerger de las operaciones sin imponer restricciones innecesarias a la inversión ni a la actividad empresarial.
En este sentido, explicó que el régimen chileno ha demostrado que la protección de la libre competencia y el desarrollo económico no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. “El control de fusiones no ha sido en ningún caso un factor limitante para la inversión o para el desarrollo de negocios legítimos. Por el contrario, el régimen ha coexistido con una intensa actividad empresarial y con un mercado transaccional que ha continuado generando operaciones de relevancia tanto a nivel nacional como internacional”, afirmó.
En su intervención, el Fiscal también expuso las principales características del sistema chileno, mencionando su predictibilidad que permite que los agentes económicos internalicen los criterios de la autoridad; la posibilidad de que los agentes económicos que notifican hagan su evaluación de riesgos competitivos ex ante, agilizando la revisión de la FNE; la eficiencia de los análisis, que se realizan en plazos inferiores a los máximos legales; la intervención de la FNE, que se verifica únicamente cuando se justifica para preservar y proteger la libre competencia; y la facultad de iniciar investigaciones de oficio sobre operaciones que no hayan sido notificadas, que resulta relevante para monitorear mercados más pequeños de carácter local o mercados dinámicos en que participan empresas nacientes.
En cuanto a los principales desafíos del sistema, mencionó la necesidad de continuar perfeccionando las herramientas de análisis que utiliza la FNE y adaptarlas a mercados cada vez más complejos y dinámicos.
En el mismo sentido, llamó a los agentes económicos y a sus asesores a profundizar el carácter colaborativo del sistema, entendiendo que “la entrega de información veraz, suficiente y completa permite a la FNE operar de forma adecuada en el breve plazo que la ley dispone para sus decisiones”.
En una revisión de las estadísticas que dan cuenta de la evolución del sistema, el Fiscal señaló que desde la entrada en vigor del régimen, el 1° de junio de 2017, hasta el 31 de octubre de 2026 la FNE resolvió 348 operaciones de concentración, de las cuales 89,7% (312) fue aprobado pura y simplemente, 9,2% (32) fue aprobado sujeto a medidas de mitigación y solo 1,1% (4) fue objeto de prohibición. A ellas se suman dos transacciones que terminaron en desistimiento luego de haberse presentado riesgos en Fase II.
Asimismo, precisó que las cifras se encuentran dentro de los números promedio de los países de la OCDE y reflejan un aspecto central del modelo chileno, consistente en que la FNE interviene únicamente cuanto existen riesgos competitivos que lo justifican.