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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que ordene al sistema de gestión de envases y embalajes PROREP, sometido a análisis de libre competencia según la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, adoptar estrictos estándares preventivos para resguardar la libre competencia en sus estatutos.

Este sistema colectivo de gestión de residuos es uno de los tres de envases y embalajes en actual conformación, y el primero en operar exclusivamente el segmento no domiciliario bajo un modelo de monitoring desarrollado a la fecha por RIGK Chile SpA por encargo de múltiples empresas que participan en diversos mercados, como la producción y comercialización de insumos agrícolas y la producción y comercialización de pinturas, entre otros.

En audiencia pública realizada hoy ante el TDLC para revisar la solicitud de informe, el abogado coordinador de la División Antimonopolios de la FNE, Camilo Vergara Santelices, expuso que la institución efectuó una serie de observaciones y recomendaciones de modificación a los estatutos del sistema para favorecer la libre competencia, medidas que han sido parcialmente acogidas a la fecha.

En su intervención, el representante de la FNE se refirió detalladamente a las medidas propuestas y que se solicita al TDLC establecer como resguardos necesarios de carácter obligatorio, entre las cuales destacan: la supresión de la cuota ordinaria y extraordinaria, la necesidad de que todos los costos -incluso los hundidos- se imputen a las ecotarifas, la regulación de los derechos políticos de los socios, el sistema debe ceñirse al criterio de grupo empresarial en los términos del artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores y el deber de que, antes de la modificación e implementación de reformas estatutarias que se relacionen con las reglas de acceso de nuevos socios y funcionamiento del sistema, se cuente con un informe favorable del TDLC.

La participación de la FNE en el proceso busca asegurar que la operación del referido sistema colectivo de gestión de residuos, se rija bajo altos estándares de funcionamiento, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la política pública medioambiental manifiestos en la Ley REP, a la vez que se asegure la libre competencia frente a los riesgos identificados asociados a este tipo de acuerdos de colaboración entre competidores.