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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al TDLC que imponga modificaciones sustantivas y estructurales a la operación conjunta de Copec, Enex y Esmax en plantas de almacenamiento de combustibles líquidos, para que su operación se realice en condiciones de rivalidad entre los socios, sus beneficios lleguen a los consumidores y no tenga el efecto de excluir a otros competidores.

La FNE hizo estos planteamientos en la audiencia realizada hoy en el TDLC en el marco de la consulta que formuló en noviembre del 2022 respecto de los contratos que rigen la propiedad y uso compartido de estas instalaciones.

Tras su investigación previa, la FNE identificó riesgos para la libre competencia derivados de estos contratos y su ejecución, los cuales no serían compensados por las eficiencias que genera la operación conjunta de las tres firmas. Concluyó también que esta colaboración entre competidores, si bien puede ser necesaria para alcanzar eficiencias operativas y de inversión, podría generar también riesgos de exclusión y de cierre de mercado aguas abajo a los competidores de las empresas.

En su alegato, el abogado y Coordinador de la División Antimonopolios de la FNE, Alejandro Domic, destacó que el objetivo de la consulta es lograr medidas adecuadas, eficaces y oportunas para mitigar los riesgos anticompetitivos identificados, según su naturaleza y magnitud.

Entre los riesgos, el abogado mencionó que los Comités de cada planta están integrados por ejecutivos de primera línea en las áreas de abastecimiento de cada empresa, sin ningún tipo de control independiente; que los acuerdos que los rigen establecen restricciones al comportamiento independiente de los socios que no son ni necesarios ni justificados; y que se observa un profuso intercambio de información privada y estratégica entre los socios, incluso contraviniendo sus propios instructivos y guías internas.

En respuesta a ello, las medidas solicitadas por la FNE apuntan a que las plantas tengan un administrador independiente y que los socios ejerzan una propiedad pasiva, junto con una serie de resguardos conductuales accesorios.

“Estas medidas se encuentran justificadas en la magnitud de los riesgos ya explicados, y son idóneas para mitigarlos. Los argumentos de las comuneras para indicar que generarían efectos negativos en el mercado o que son imposibles de aplicar, simplemente no tienen sustento fáctico y un buen diseño de las medidas elimina tales riesgos”, señaló Domic.

Ver Consulta de la FNE.