La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó hoy al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que prohíba la integración vertical entre operadores de terminales de buses y empresas de transporte interurbano en la licitación del terminal de Viña del Mar y que elimine barreras competitivas existentes en este proceso.
La FNE hizo estos planteamientos en el marco de la audiencia que se realizó ante el TDLC en la causa Rol NC-457-2019, “Consulta de la I. Municipalidad de Viña del Mar sobre propuesta pública para contratación de concesión del Terminal de Buses de Viña del Mar”, iniciada en julio del año pasado por la autoridad de dicha comuna.
El abogado de la FNE, Alejandro Domic, manifestó ante el Tribunal que las condiciones establecidas en las bases de licitación de dicha instalación implican riesgos relevantes a la competencia y solicitó al Tribunal que adopte resguardos estructurales que minimicen los riesgos de exclusión y de coordinación derivados de una integración vertical.
En este sentido, argumentó que “la alta concentración en el mercado de transporte interurbano, la escasa competencia que se observa en los distintos destinos desde y hacia el Terminal, su carácter de facilidad esencial y los antecedentes de conductas ilícitas ameritan la prohibición absoluta de que quienes participan en el mercado de transporte interurbano de pasajeros desde o hacia Viña del Mar, así como sus relacionadas, puedan participar y adjudicarse la administración del Terminal”.
En particular, la Fiscalía distinguió dos tipos de riesgos en este proceso. En primer lugar, están aquellos relacionados con las condiciones de competencia que exhibe la licitación y, en segundo, los vinculados a cómo incidirá el futuro adjudicatario y operador del terminal en el mercado de transporte de pasajeros en rutas interurbanas que inician, terminan o realizan paradas en Viña del Mar.
En cuanto a las bases de la licitación, la FNE advirtió que no contienen ningún resguardo ante la posibilidad de que el adjudicatario de la concesión esté verticalmente integrado a una o más empresas de transporte interurbano y que establecen condiciones que reducen injustificadamente la posibilidad de participar en ella. Entre éstas, se cuenta un pago por adelantado de UF 127 mil a la Municipalidad y una renta anual de UF 9 mil a partir de noveno año, además de la exigencia de experiencia previa restringida solo a administración de terminales.
En la misma línea, la FNE mencionó otras condiciones que reducen la competencia por la cancha y que “no tienen como objetivo la asignación eficiente de esta infraestructura”.
En su alegato, la Fiscalía destacó que la integración vertical entre operadores de buses y de la infraestructura a licitar podría derivar en negativa de acceso a las instalaciones o sabotaje contra otras empresas de transporte y en un uso oportunista de la información obtenida a propósito de la administración del terminal.
En el mismo sentido, el abogado de la FNE advirtió que la experiencia previa ha demostrado que la integración vertical facilita que empresas en el mercado aguas abajo se coordinen a través de la empresa administradora y monitoreen su comportamiento.
Al respecto, la FNE señaló que ciertas firmas, relacionadas a empresas de transporte interurbano ya están integradas con los principales terminales en las otras puntas de las rutas relevantes. En este caso se encuentra la empresa PyR, relacionada a Pullman Bus, que administra el Terminal de Estación Central, que a su vez comparte de forma exclusiva con TurBus el principal terminal privado con destinos a la Región de Valparaíso.
En su alegato, la FNE también destacó que el transporte interurbano de pasajeros “es una industria con mal comportamiento en materia de libre competencia”, sobre la cual el Tribunal ha conocido 16 casos por conductas anticompetitivas.
De ellos, 10 han sido requerimientos por colusión iniciados por la Fiscalía, en los que se ha obtenido sentencias condenatorias que han sido confirmadas por la Corte Suprema, incluso con alzas en las multas, debido a la gravedad de la conducta y a su impacto para los consumidores.
Las licitaciones de terminales de transporte urbano de pasajeros son una materia prioritaria para la FNE. Entre otras acciones, en abril de este año, la FNE presentó una consulta sobre la licitación del terminal intermodal de Pedro Aguirre Cerda, que se encuentra pendiente ante el TDLC.