La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un informe que reitera la necesidad urgente de regular de manera transitoria las tasas de intercambio determinadas por las marcas internacionales de tarjetas, hasta que sea aplicada una regulación por vía legislativa, debido a los efectos que éstas tendrán en el mercado de tarjetas de pago en el paso a un modelo de cuatro partes.
La Fiscalía informó al Tribunal que si se aplican directamente las tasas de intercambio fijadas por las marcas se produciría un incremento en las comisiones cobrados a un grupo de comercios que concentran más del 50% de todas las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito.
Lo anterior beneficiaría a los emisores de tarjetas en al menos US$ 146 millones anuales, sin considerar otros efectos, como la desafiliación de comercios o el empleo de otros medios de pago que no necesariamente son más eficientes.
La FNE explicó también que la urgencia de dictar instrucciones transitorias sobre las tasas de intercambio se debe a que el proyecto de ley que aborda esta materia recién está comenzando su tramitación en el Congreso y el Ministerio de Hacienda ha estimado que el proceso para emitir la primera regulación al respecto podría tardar hasta 15 meses desde su entrada en vigencia.
En el mismo sentido, la Fiscalía manifestó que actualmente no se dispone de la información necesaria para poder estimar la tasa de intercambio óptima para el mercado chileno bajo alguna de las metodologías validadas por la literatura económica ni por las mejores prácticas de los entes encargados de su regulación a nivel internacional.
Advirtió también que la urgencia para evitar efectos nocivos en los comercios no permitiría contar con el tiempo necesario para recabar esos antecedentes, por lo que el Tribunal debería disponer ciertas reglas y límites en una regulación transitoria para determinar las tasas de intercambio. Estos lineamientos deberían operar de forma muy prudente y conservadora, con la mínima intervención necesaria para evitar los efectos colaterales indicados en el informe, como transición hasta contar con la regulación definitiva.