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Con fecha 3 de abril de 2013, la Fiscalía Nacional Económica presentó ante el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento en contra de Unilever Chile S.A. (Unilever) por conductas constitutivas de una explotación abusiva de su posición dominante en el mercado de detergentes para lavado de ropa. El requerimiento en contra de Unilever -titular de las marcas OMO, DRIVE, SKIP y RINSO– señala que dicha empresa ha ejecutado una serie de prácticas que han tenido por objeto y efecto frenar la expansión y desarrollo de detergentes de otras marcas, afectando de esta forma la libre competencia.

El detergente para el lavado de ropa constituye uno de los productos con mayor gasto por los consumidores en Chile dentro de la gama de los principales productos de consumo masivo.  En efecto, de acuerdo con información analizada en la investigación que desarrolló la FNE, Unilever tiene aproximadamente una participación de mercado promedio cerca del 70% en supermercados y del 80% en el canal tradicional.

Las conductas anticompetitivas imputadas consisten en la entrega de diversos incentivos a sus distintos distribuidores, tales como: descuentos por exclusividad, descuentos condicionales retroactivos -entre ellos premios por crecimiento y por participación en ventas-, y  descuentos por participación de espacios en góndolas.

Estas conductas, según el requerimiento, se han ejecutado de manera reiterada y prolongada en el tiempo, tanto en el canal tradicional (compuesto por empresas mayoristas -como Rabie, Cencocal y La Caserita- que abastecen a la gran mayoría de los almacenes de barrios, ferias y otros a nivel nacional) como en el canal moderno, que comprende a las grandes cadenas de supermercados del país.

Según la FNE, este sistema de incentivos ha sido diseñado con el objeto de restringir el crecimiento de sus competidores actuales e impedir el ingreso de otros potenciales.

Por estas razones, la Fiscalía Nacional Económica ha solicitado al H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia imponer a Unilever una multa de 20.000 unidades tributarias anuales. Asimismo, se han solicitado una serie de medidas orientadas al cese inmediato de este tipo de conductas, así como a evitar que incentivos de esta naturaleza se repitan en el futuro.

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