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FNE presentó al TDLC propuestas para fomentar la competencia en los contratos de obras púbicas licitadas por municipios
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) expuso hoy ante al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una serie de propuestas para fomentar la competencia en el diseño de bases de licitación convocadas por las municipalidades para la ejecución y concesión de obras públicas.
La presentación fue realizada en la audiencia pública efectuada en el marco del proceso no contencioso que lleva el TDLC para evaluar la dictación de Instrucciones de Carácter General (ICG) que regulen estas licitaciones.
La abogada de la División Antimonopolios de la FNE, Carolina Olivares, señaló que, aunque algunas propuestas de la Fiscalía ya se encuentran recogidas en la Ley N° 21.634 que Moderniza el Sistema de Compras Públicas, publicada en el Diario Oficial el 11 de diciembre de 2023 (hecho ocurrido durante la tramitación de esta causa), hay algunos aspectos de ellas que requieren ser complementados a través de las ICG, mientras que propuestas que no fueron tratadas por dicha ley pueden ser consideradas en las ICG.
Los aspectos contemplados en la Ley N°21.634 que requieren ser complementados, se relacionan con los principios de probidad y transparencia y con los registros oficiales de proveedores públicos. Mientras que entre los aspectos no abarcados por la nueva ley y que deberían ser cubiertos por las ICG se cuentan los criterios de evaluación de ofertas, la publicación del presupuesto disponible y la incidencia indirecta de otros organismos públicos en el diseño de las bases.
Según explicó la representante de la FNE, estas propuestas tienen como objetivo aumentar la participación de oferentes en estos procesos, propiciar la competencia por el factor precio y disminuir los riesgos de coordinación y colusión que se pueden presentar en este tipo de licitaciones.
El diagnóstico de la FNE
En la audiencia, donde también participó el economista Simón Navarro, la FNE expuso que la baja participación de oferentes en los procesos de licitación que realizan las municipalidades justifica que se dicte una ICG sobre esta materia. Tras analizar 1.084 licitaciones realizadas entre 2020 y 2022, con montos de obras superiores a 5.000 UTM, constató que un 65% recibió sólo 2 o menos ofertas válidas.
La Fiscalía también expuso que las municipalidades tienen bajos incentivos para elaborar bases que privilegien la competencia en precios y para administrar de forma eficiente los fondos asignados a un proyecto, especialmente cuando las obras reciben financiamiento externo, como el Fondo Nacional de Desarrollo Comunal.
En este sentido, la FNE reafirmó lo señalado en su Estudio de Mercado sobre Compras Públicas (2020) y en la Guía sobre la misma materia (2011), en cuanto a que la baja participación de oferentes se relaciona con una menor intensidad competitiva y un mayor riesgo de ilícitos anticompetitivos, en particular de colusión entre competidores.
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