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FNE propone reformas al sistema de compras públicas que permitirían al Estado ahorrar al menos entre US$ 290 y US$ 855 millones al año

25 / 08 / 2020

Ahorros por al menos entre US$ 290 millones y US$ 855 millones al año podría lograr el Estado si aplicara una serie de recomendaciones formuladas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el informe preliminar de su “Estudio de Mercado sobre Compras Públicas”, dado a conocer hoy.

De acuerdo a dicho reporte, Chile cuenta con un sistema de compras públicas que ha funcionado de buena manera y que es un referente a nivel regional, pero que requiere ser actualizado.

Entre las principales deficiencias del actual mecanismo de compras estatales, el estudio identificó mala planificación de las adquisiciones que realizan los organismos públicos, falta de sistematización de los datos disponibles sobre las compras y la inexistencia de reglas para determinar el tipo de contrato que se utiliza, lo que podría estar causando ineficiencias considerables. La FNE también destacó que el Estado no está enfrentando mercados competitivos en sus procesos de compra.

El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, destacó que este mercado mueve cerca de US$ 10 mil millones al año y que cada peso que el Estado pueda ahorrar en compras públicas puede ser destinado a otros fines más prioritarios que hoy, además, son sumamente urgentes”, aludiendo a la crisis sanitaria, económica y social que vive el país.

En su estudio, la FNE identificó que participan pocos proveedores en las licitaciones (que explican 55% de las compras) y que falta competencia en la entrada y funcionamiento de los convenios marco (25% del total).

Es respecto de esta última modalidad que la Fiscalía logró cuantificar importantes ahorros, que irían entre US$ 240 millones y US$ 805 millones al año sólo si se lograra mejorar el mecanismo de elección de proveedor entre las empresas que ya están dentro del convenio marco.

La FNE también pudo determinar que el Fisco podría ahorrar otros US$ 50 millones si existieran reglas para definir el tipo de contrato que debe utilizarse en cada proceso de compra.

Este es un cálculo conservador, ya que a estos montos hay que sumar otras varias eficiencias cuya magnitud no fue posible estimar, pero que se relacionan con menores precios por planificar mejor las necesidades y definir mercados, ahorros conseguidos por menor costo administrativo al estandarizar procesos de licitación, menores precios por mayor competencia en la primera fase del convenio marco y por una utilización más acotada de los tratos directos, además de la mayor eficiencia que se alcanzaría por el mayor accountability derivado de un sistema de información nuevo.

El diagnóstico también develó que es necesario robustecer la fiscalización de los procesos de compra, ya que se detectó que en casi 60% de los tratos directos las justificaciones entregadas por los órganos públicos no satisfacen los criterios establecidos en la regulación para su procedencia.

 

Propuestas

Debido a lo anterior, la Fiscalía propone diversas medidas para que el Estado compre de manera más eficiente, actualice las instituciones fiscalizadoras y aumente los niveles de transparencia de la información.

Estas recomendaciones se agrupan en dos grandes áreas: aquellas relacionadas con optimizar la competencia y la eficiencia en las compras y aquellas de carácter estructural.

Las medidas de la FNE abordan ocho aspectos del sistema, que se refieren a la estructura del sistema, datos y transparencia, planificación y presupuesto, funcionamiento de licitaciones, de convenios marco y de tratos directos, además de selección y gestión de contratos.

En cuanto a las mejores institucionales, destacan dotar a ChileCompra de facultades regulatorias, robustecer el sistema de fiscalización, ampliar la competencia del Tribunal de Contratación Pública y modificar su orgánica y, al mismo tiempo, modernizar el sistema electrónico de ChileCompra, de tal manera que migre a una modalidad completamente digital.

“Esto significa que toda la información dentro del sistema de compras públicas debe nacer y morir digitalmente”, explicó el Fiscal.

Este aspecto, a juicio de la FNE, es fundamental, ya que, según Riesco, “permitiría a la propia FNE un monitoreo más eficiente de colusión en licitaciones públicas, una detección más expedita de actos de corrupción por parte de los organismos pertinentes y, en general, una supervigilancia mucho más accesible para los ciudadanos respecto del gasto público”.

Las recomendaciones de la FNE están alineadas con las mejores prácticas de los países de la OCDE y, además, muchas de ellas ya han sido planteadas por organismos como la Comisión Engel, el Observatorio Fiscal, el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile y también por ChileCompra.

 

Estudios previos

Este estudio es el quinto que realiza la FNE, después de los de Rentas Vitalicias, Notarios, Textos Escolares y Medicamentos. El primero de ellos originó una serie de modificaciones implementadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que perfeccionaron el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP) y mejoraron la información que reciben las personas al pensionarse.

En el caso de los Notarios, el estudio aportó datos concretos al debate parlamentario que ya se encuentra en el segundo trámite legislativo en el Senado.

Mientras, el estudio sobre textos escolares, ha sido un importante insumo para el análisis que están llevando a cabo las autoridades de educación y economía para que los textos utilizados por los estudiantes sean mejores y más baratos.

En el mismo sentido, el estudio sobre medicamentos, ha sido un aporte a la discusión sobre esta materia tan sensible para la ciudadanía.

Este Informe Preliminar quedará disponible en nuestro sitio web para comentarios, que se recibirán hasta el viernes 25 de septiembre. Una vez procesados esos aportes, se elaborará el Informe Final, con las recomendaciones que serán remitidas al Ejecutivo.

 

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