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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) envió al gobierno la recomendación normativa elaborada al término del Estudio de Mercado sobre Rentas Vitalicias, apuntando a simplificar el sistema y mejorar la calidad de la información con que cuentan los clientes de las empresas que ofrecen este producto para tomar decisiones.

Las recomendaciones de la FNE se dividen en dos tipos de propuestas: aquellas que sólo requieren modificaciones de carácter reglamentario y aquellas que requieren modificaciones legales, además de reglamentarias. Todas ellas apuntan a simplificar el funcionamiento del sistema y a mejorar la forma en que se presenta la información a las personas, de tal manera de impulsar a quienes se pensionan a tomar las mejores decisiones, resguardando su libertad de elegir.

Entre las primeras, se cuentan la simplificación del certificado de ofertas de pensión, para que éste entregue información más completa y transparente, por ejemplo, en cuanto al monto de la pensión, la clasificación de riesgo de las aseguradoras, la tasa de descuento y el costo que podría asumir un pensionable si contrata a través de un intermediario.

Respecto a las modificaciones legales, la propuesta contempla, entre otras modificaciones, que se simplifique el sistema de adjudicación, de tal manera que el cliente se relacione directamente con el Sistema de Ofertas y Consultas de Monto de Pensión (SCOMP) y no a través de los actuales partícipes. También se recomienda eliminar el mecanismo de remate y la oferta externa.

En el mismo sentido, la Fiscalía propone que, dentro del producto que el pensionable escogió como preferido, su pensión se adjudique a quien ofrezca el mejor monto de pensión. Pero junto con ello, para resguardar la libertad de elección del pensionable, se recomienda que el cliente pueda cambiarse a otra oferta contenida en su certificado de ofertas. Al mismo tiempo, el certificado de ofertas debería contener menos productos.

En cuanto a la intermediación, se propone que los pensionables conozcan cuánto dinero pueden destinar al servicio de asesoría y se señala que estos servicios sólo deberían provenir de individuos cuyos intereses no estén vinculados con los de los oferentes de productos del sistema, es decir con las compañías de seguros de vida. Así, se estima que los agentes de ventas no deberían participar del mercado de la intermediación ni de la asesoría.

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Ley 211, esta recomendación normativa ha sido enviada al Presidente de la República, a través de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

Sobre el estudio

El Estudio de Mercado sobre Rentas Vitalicias comenzó a desarrollarse a fines de mayo del año pasado y tuvo como hipótesis de falta de competencia que “existen distorsiones significativas en el mercado de rentas vitalicias reguladas por el D.L. 3500 de 1980, que producen una disminución de los montos de pensiones para los beneficiarios, posiblemente atribuibles a una baja intensidad de competencia en el mercado”.

En el desarrollo de este estudio, la Fiscalía comprobó su hipótesis y estimó que las mencionadas distorsiones están relacionadas con problemas en el funcionamiento del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP), con la información presentada en el certificado de ofertas y con el pago de la comisión por asesorías en el SCOMP.

Este es el primer estudio de mercado que realiza la Fiscalía, luego de que en la última modificación legal realizada al Decreto Ley 211, se le confiriera la facultad de desarrollar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados y, en los casos que correspondiera, hacer recomendaciones sobre modificaciones normativas a la autoridad.