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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó al Ministerio de Agricultura revisar las normas que regulan la transferencia de uvas viníferas, tras constatar una falta de aplicación efectiva de la normativa relacionada con la obligación de publicar precios de referencia para los compradores de uva para vino y fallas en el proceso de formación de precios, hechos que refuerzan el mayor poder de negociación de las empresas agroindustriales presentes en las regiones de Ñuble y Maule.

En ejercicio de sus facultades de promoción y protección de la competencia, la Fiscalía formuló esta recomendación al término de una investigación sobre posibles conductas anticompetitivas en perjuicio de los viñateros de menor tamaño, que se enfocó en los mercados de compra y venta de uvas para producción de vino y, en particular, en las condiciones de competencia en las cepas País, Moscatel de Alejandría y Pedro Jiménez producidas en las regiones mencionadas.

Este análisis, realizado por la División Antimonopolios de la FNE, confirmó también las conclusiones de investigaciones previas, efectuadas en 2012, 2013 y 2017, en cuanto a que no es posible identificar algún comprador de uvas viníferas con posición dominante, tanto en un análisis a nivel agregado como para cepas y regiones específicas, con lo que descarta también que los menores precios de compra que han afectado a los denunciantes se relacionen con conductas que puedan calificar como ilícitos anticompetitivos.

No obstante esa conclusión, la Fiscalía verificó también que las condiciones de competencia que se observan en ciertas cepas y regiones son menos intensas, debido a la alta atomización de los productores, concentración moderada de compradores, menos lugares de recepción de uva y las características propias del producto: breve temporada de cosecha y rápida perecibilidad.

Para mejorar las condiciones de competencia, la FNE propone establecer una normativa sobre la forma de determinar la calidad de las uvas viníferas basada en parámetros claros y objetivos y que debe ser efectuada por un tercero independiente, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), o por un agente económico no relacionado directa ni indirectamente a las partes de una transacción.

La recomendación también sugiere modificar el Decreto Supremo N°212, para establecer un mecanismo que permita una efectiva supervisión del SAG sobre los precios reales utilizados en la comercialización de uva vinífera, que facilite a los agroindustriales e intermediarios cumplir con su obligación de publicar sus precios de referencia y fiscalizar la fecha de celebración de los contratos en relación al periodo de vendimia. Del mismo modo, la FNE señala que se debería contemplar un sistema que permita la publicación efectiva de dichos precios de referencia y su acceso expedito a los productores de uva vinífera.

Asimismo, en el documento enviado a la autoridad sectorial la Fiscalía recomienda derogar toda normativa administrativa contraria a la regulación propuesta y a sus objetivos, como, por ejemplo, la Resolución Exenta N°852/2020 del SAG, que dejó sin efecto tanto la obligación de la agroindustria e intermediarios de elaborar y publicar un listado de precios de referencia como que la liquidación de pago sea concordante con dicho listado.

Las características del mercado descritas en el informe de archivo generan condiciones de interdependencia oligopsónica entre productores y compradores bajo asimetrías de información, pues los primeros no tienen acceso adecuado a precios de referencia y no se utilizan criterios claros y objetivos para la valoración de la calidad de las uvas.

De este modo, el desbalance en el poder de negociación entre ambos actores de esta industria no genera una adecuada presión competitiva, lo que conlleva menores precios a los que se observan en otras cepas y regiones donde existe mayor competencia entre múltiples compradores y los productores acceden a sistemas de verificación de calidad de sus uvas.

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