La Fiscalía Nacional Económica (FNE) envió al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) y al Ministerio de Economía una recomendación normativa cuyo objetivo es incluir en el actual proceso de tarificación 2024, que rige para los operadores móviles, los servicios de terminación de los mensajes de texto (SMS) entre concesionarios, así como los servicios de habilitación necesarios para la adecuada prestación de ese servicio.
En su investigación, iniciada a partir de una denuncia en contra de Wom por el alza de la tarifa de terminación de algunos SMS, la FNE constató que cada operador móvil con red (como Claro, Entel, Movistar y Wom) posee un monopolio respecto del servicio de terminación de estos mensajes, el que se rige actualmente por un régimen de precios libres.
Esta falta de regulación de precios genera distintos tipos de riesgos potenciales a la competencia por parte de las compañías, como alzas de precios de tipo explotativo o la afectación de la posibilidad de competir en mercados de SMS a agentes cuyos ingresos dependen fuertemente de la inyección de mensajes de texto.
La Fiscalía concluyó que los servicios de terminación de SMS pueden ser regulados sin necesidad de una declaración judicial previa, de acuerdo al artículo 25 inciso final de la Ley General de Telecomunicaciones. Por ello, la recomendación va dirigida a los ministerios competentes en la materia, con el fin de que dicten los actos administrativos y/o reglamentarios necesarios para incluir los servicios de terminación de mensajes de texto en el actual proceso de tarificación 2024, sin contemplar ninguna distinción o categorización de tales mensajes.
De acuerdo con el informe elaborado por la División Antimonopolios de la FNE, si se implementa esta recomendación, se evitarían los riesgos a la competencia identificados. Bajo supuestos conservadores, la FNE estima que estos riesgos podrían traducirse en aumentos de precios totales del orden de $30 mil millones anuales, equivalentes a US$ 36 millones.
El artículo 39 letra q) del DL 211 autoriza a la FNE a proponer fundadamente al Presidente de la República, a través del Ministerio de Estado que corresponda, la modificación o derogación de los preceptos legales o reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia, como también la dictación de preceptos legales o reglamentarios cuando sean necesarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se presten en condiciones no competitivos. Este tipo de proposiciones, como en este caso, tienen como antecedente una investigación de la FNE.
La recomendación efectuada no obsta el ejercicio de otras acciones de libre competencia por parte de esta Fiscalía, ni debe entenderse como contraria a las pretensiones que están siendo sometidas al conocimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.