La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó al Presidente de la República, a través del Ministro de Energía, modificar regulaciones aplicables a las declaraciones de costos variables de las centrales termoeléctricas, para reducir los espacios de discrecionalidad de los generadores en los casos en que operan bajo condiciones de despacho priorizado o forzoso por razones de seguridad del sistema.
Actualmente dichas centrales son remuneradas por el sistema en base a costos superiores a los que se obtendrían de las reglas de despacho a mínimo costo o en base a remuneración de costos marginales que rigen como regla general.
La recomendación fue enviada al Ejecutivo al término de una investigación iniciada por la FNE en 2024, para indagar presuntos hechos anticompetitivos relacionados con el control de variables competitivas por parte de AES Andes S.A. en el Sistema Eléctrico Nacional.
Durante la investigación, la FNE descartó la existencia de ilícitos anticompetitivos al no encontrarse evidencia de un patrón planificado y sostenido, destinado a afectar la dinámica competitiva de los mercados de generación y servicios relacionados, pero identificó espacios de mejora en la normativa sectorial.
En particular, detectó que los requisitos actualmente exigidos para declarar distintas mezclas de insumos y combustibles podrían incentivar que se verifiquen prácticas oportunistas, tales como la declaración de combinaciones o mezclas de insumos menos eficientes, en especial cuando las centrales son llamadas a generar de modo forzoso o priorizado por razones de seguridad, lo que genera un impacto en los costos marginales y en los pagos laterales a remunerar por el resto de los agentes del sistema.
En la investigación, desarrollada por la División Antimonopolios, la FNE analizó tres hechos principales, relacionados con: a) Las declaraciones de precios de carbón y mezclas de combustibles de las centrales del complejo Ventanas, en ciertos meses de 2023, cuando éstas generaron de manera forzosa con costos variables superiores a los marginales que habrían resultado de una operación a mínimo costo; b) La desconexión y cierre anticipado del complejo Norgener, producto de la autorización para una quema priorizada de 94.000 toneladas de carbón entre febrero y abril de 2024, y sus efectos económicos en el despacho eléctrico; y c) Errores en las declaraciones de costos de embarques de combustibles de las centrales Cochrane y Angamos, verificados en ciertos períodos entre 2018 y 2023.