La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó hoy a la Corte Suprema que ordene realizar ajustes al sistema tarifario de Transbank para incentivar la libre competencia en el mercado de tarjetas de pago.
Esta solicitud fue formulada en los alegatos efectuados de manera remota ante la Tercera Sala del máximo tribunal para abordar las reclamaciones presentadas contra la Resolución N° 67/2021 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que en septiembre del 2021 aprobó el nuevo sistema tarifario de los servicios de adquirencia y operación de tarjetas de Transbank.
En representación de la Fiscalía, el Jefe de su División Litigios, Victor Santelices, afirmó que la decisión del TDLC es un paso significativo para la implementación de un modelo de 4 partes abierto a la competencia, que reemplace la posición monopólica que mantuvo Transbank en el modelo de 3 partes, objetivo perseguido desde hace 10 años por la Fiscalía, indicando una serie de acciones realizadas por la FNE para lograrlo.
Sin embargo, indicó en la audiencia que existen aspectos del sistema tarifario de Transbank aprobado por el TDLC que ameritan su modificación por parte de la Corte Suprema, dado que, en los términos aprobados, no subsanan riesgos competitivos derivados de las características actuales del funcionamiento del mercado, conforme el propio análisis realizado por el Tribunal.
En particular, estos se refieren a extender la vigencia del sistema tarifario autorregulado que Transbank aplica a los comercios mientras esa empresa mantenga una posición dominante en el mercado, y no condicionarlo a un hito
-como es la regulación definitiva de las tasas de intercambio-, lo que no guarda relación con los riesgos que esta autorregulación busca mitigar.
En segundo lugar, y atendiendo a los mismos fundamentos, la FNE solicitó que se ordene al Panel de Expertos establecido en la Resolución N° 67 auditar también las tarifas a comercios y no solo aquellas aplicables a los proveedores de servicios de pago y subadquirentes (PSP) y otros operadores, además de mantener la vigencia de todas aquellas disposiciones del Plan de Autorregulación aprobado por el TDLC el año 2005 en aquello que sea compatible con el modelo de 4 partes.
Por último, la FNE también pidió a la Corte Suprema que encomiende a los servicios gubernamentales sectoriales que corresponda la determinación de la información mínima necesaria que Transbank pueda exigir a los PSP, para evitar riesgos de competencia desleal o exclusión por el acceso a información estratégica de ellos.
Respecto de la gran controversia existente entre los distintos actores que intervienen en el proceso ante la Corte Suprema (clientes de Transbank, competidores en el mercado de adquirencia y asociaciones de consumidores, entre otros), Santelices señaló que resulta imposible conciliar todas las posiciones, pues en un mercado como en el que incide el sistema tarifario objeto de la consulta lo que gana alguno de los partícipes, involucra una pérdida en otro de los actores que interviene en alguno de los eslabones.
En ese sentido, la Fiscalía, en su función de resguardo de la competencia en los mercados, ha apoyado el establecimiento de un sistema de autorregulación por parte de Transbank que viabilice la competencia intensa bajo el modelo de cuatro partes.