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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó a la Corte Suprema que confirme la resolución dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que ordenó al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) establecer ciertas condiciones en las bases de licitación de los servicios de capacitación para obtener licencias de conducir profesionales clase A-3 y A-5.

En la audiencia realizada hoy para analizar el recurso de reclamación interpuesto por el Sence en contra de la resolución del TDLC, la Fiscalía solicitó que se ratifiquen las condiciones que fueron impugnadas, que corresponden a la adopción de un modelo de adjudicación de dos etapas en las licitaciones, la prohibición de un precio mínimo y el establecimiento de un precio máximo reservado, además de impedir la evaluación del compromiso y resultados de colocación.

En su intervención, el Coordinador de la División Antimonopolios de la FNE, Camilo Vergara Santelices, destacó que el Sence, como organismo público que concurre a un mercado, está sujeto al cumplimiento de las normas de protección a la libre competencia, por lo que en sus actuaciones los intereses de política pública sectorial deben ser complementarios con los fines de libre competencia.

Asimismo, la FNE destacó que las medidas impuestas por el TDLC apuntan a fortalecer la competencia por precios en las licitaciones, lo que propende a obtener ahorros que permitirían ampliar los programas de capacitación, cuestión que va en línea con los objetivos de Sence.

Ver Informe de la FNE.