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Tras la audiencia realizada hoy, el Tribunal Constitucional quedó en condiciones de pronunciar su sentencia sobre la contienda de competencia que inició el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de la Fiscalía del Ministerio Público de la Zona Metropolitana Sur en el marco de la investigación por colusión contra las papeleras CMPC y SCA Chile.

En la ocasión, además de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), realizaron sus alegatos los representantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), SCA Chile, la Fiscalía Regional del Ministerio Público de la Zona Metropolitana Sur y de los diputados Gabriel Silber y Daniel Farcas.

Durante su intervención, el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, reiteró la importancia de proteger la información que entregan bajo confidencialidad las partes aludidas en un proceso de libre competencia, en conformidad a los artículos 22, 39 a) y 42 del Decreto Ley N° 211 y descartó que la FNE o el TDLC hayan negado antecedentes vinculados al caso de colusión del papel tissue a la Fiscalía Regional del Ministerio Público de la Zona Metropolitana Sur.

En este sentido, explicó que esta unidad del Ministerio Público, ha recibido las versiones públicas de la información que está en poder del TDLC, tal como lo establece el Decreto Ley N° 211, que regula el sistema chileno de libre competencia. “Al Ministerio Público debiera bastarle con las versiones públicas, como ha sido hasta ahora en casos anteriores. Éstas podrán servir para que haga su propia investigación”, señaló y agregó que acceder a lo solicitado obligaría al TDLC a infringir la ley que rige el manejo de este tipo de antecedentes.

El Fiscal Irarrázabal destacó que debe haber un equilibrio entre publicidad y protección de la información, sobre todo, porque las empresas requeridas por la FNE “aportan antecedentes bajo el supuesto de las garantías que le ofrece el sistema”. Por eso, advirtió que si los investigadores del Ministerio Público acceden a la información confidencial de la investigación, se estaría poniendo en riesgo el funcionamiento del sistema de libre competencia y, en especial, el de la delación compensada en posibles casos futuros.