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El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó hoy el acuerdo conciliatorio suscrito entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la empresa Antofagasta Terminal Internacional S.A. (ATI), y sus accionistas Inversiones Punta de Rieles Ltda. (Punta Rieles) y SAAM Puertos S.A. (SAAM), para poner término al procedimiento contencioso iniciado por la autoridad el 16 de septiembre de 2016 en contra de dichas sociedades.

En esa ocasión, la Fiscalía acudió al Tribunal para acusar el incumplimiento de los límites a la integración vertical de los “usuarios relevantes” del Puerto de Antofagasta con los accionistas de la concesionaria, establecidos por la Comisión Preventiva Central (CPC), al no enajenar el exceso de participación accionaria que Punta Rieles y SAAM tienen en ATI.

Según la FNE, la empresa naviera Compañía Sudamericana de Vapores y el ferrocarril Antofagasta Railway Company Plc, ambas relacionadas a SAAM y Punta Rieles respectivamente, superaron los umbrales de carga contenidos en los Dictámenes N° 1045 y N° 1209 de la CPC, dentro del período fiscalizado, convirtiéndose en usuarios relevantes, gatillando la obligación de enajenar de los accionistas.

Todas las sociedades mencionadas se encuentran relacionadas a través de su controlador común, el Grupo Luksic, y cuentan con un 65% de participación conjunta en la concesionaria ATI.

De acuerdo a la resolución aprobatoria del TDLC, recaída en el texto conciliatorio, las Requeridas comprometieron una serie de medidas tendientes a mitigar los riesgos observados por la FNE en el mercado analizado. Así, ATI implementará un servicio de container express destinado a permitir un manejo más eficiente de su servicio de carga respecto de los transportistas terrestres, mientras que Punta Rieles nombrará un director independiente en ATI con el objetivo de fortalecer la independencia del gobierno corporativo de esta última.

Al mismo tiempo, Antofagasta Railway Company Plc –relacionada a Punta Rieles– implementará una política tarifaria desagregada en el evento que oferte servicios que supongan un transporte integral a la nave. Por último, ATI se compromete a un pago a beneficio social de US$ 500 mil.