El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó hoy mediante una resolución el acuerdo conciliatorio suscrito entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Minerva S.A. y JBS S.A., sociedades que participan en el mercado de la producción, procesamiento y comercialización de productos cárnicos en el extranjero, y que operan en Chile a través de Minerva Foods Chile SpA y JBS Chile Limitada, respectivamente.
Esta conciliación pone término al procedimiento contencioso iniciado por la FNE el 6 de abril de 2018, cuando acusó a Minerva y JBS ante el TDLC de haber infringido la prohibición legal de perfeccionar una operación de concentración notificada a esta Fiscalía, con anterioridad a la obtención de la autorización respectiva.
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, valoró el acuerdo alcanzado con las partes y destacó que “las empresas tienen que respetar el mecanismo de control de operaciones de concentración. La Fiscalía exigirá el cumplimiento del proceso establecido y pedirá sanciones cuando exista una falta de observancia de la ley, porque ésta es una infracción seria y grave”.
La operación citada, que fue aprobada pura y simplemente al no haberse observado riesgos para la competencia, consistió en la adquisición por parte de empresas relacionadas a Minerva de la totalidad de las acciones de cuatro filiales de JBS en Argentina, Paraguay y Uruguay. Según el requerimiento de la FNE, el perfeccionamiento de la operación en el extranjero confirió a Minerva la posibilidad de ejercer influencia decisiva en la administración de las filiales de JBS adquiridas por ella, en su relación con JBS Chile Limitada y el mercado chileno, sin que la existencia de un acuerdo entre las Requeridas, adoptado para impedir que la operación tuviese efectos en Chile durante el periodo de suspensión, haya alterado dicha realidad.
En su resolución aprobatoria, el TDLC señaló que, en virtud del acuerdo arribado entre las partes, Minerva y JBS reconocieron que habiendo notificado la operación procedieron a su cierre en el extranjero, con anterioridad a la obtención de un pronunciamiento por parte de la FNE.
En la misma resolución, se indica que ambas sociedades se comprometieron a pagar una suma de dinero a beneficio fiscal equivalente a 1.156 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que corresponden a aproximadamente US$1 millón.