El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió hoy que el proyecto de ley anunciado el 9 de julio por el Ministerio de Hacienda para impulsar una mayor competencia en los medios de pago permitirá regular las tasas de intercambio que cobran las marcas de tarjetas de crédito que operan en el país.
A juicio del TDLC, dicha iniciativa está en línea con la solicitud de dictación de Instrucciones de Carácter General en este mercado, presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) el 15 de junio pasado, indicando que “el mencionado proyecto que se encuentra en preparación atiende las preocupaciones manifestadas por la FNE”, respecto del establecimiento de un mecanismo de regulación de las tasas de intercambio, monto que corresponde a la remuneración que reciben los emisores de tarjetas por cada transacción.
Por esta razón, el TDLC no dará inicio a un procedimiento para dictar Instrucciones de Carácter General en este mercado.
Esta decisión fue adoptada por el Tribunal luego de solicitar al Ministerio de Hacienda información sobre los detalles de la iniciativa legal. A través de un oficio, dicha cartera respondió que el proyecto “establece que las obligaciones de pago de tasas de intercambio por transacciones nacionales con tarjetas de pago, entre emisores y operadores de tarjetas de pago, estarán sujetas a tasas máximas, diferenciadas por tipo de tarjeta, ya sean de: crédito, débito o prepago”.
En el mismo documento, se precisó que “el proyecto especifica que las tasas de intercambio máximas serán determinadas en base a un estudio económico realizado por una entidad técnica independiente y de experiencia comprobada a nivel internacional, tal como se ha hecho en los países que han regulado la tasa de intercambio, resguardando el adecuado equilibrio entre las actividades de emisión y de aceptación de tarjetas de pago”.
La solicitud formulada por la FNE propuso que, en la transición al nuevo modelo de pagos con tarjetas de “Cuatro Partes”, no se afecte a los comercios y consumidores mediante la regulación de las tasas de intercambio. La acción impulsada por la FNE siguió las recomendaciones dictadas por el propio TDLC el año 2017 (Propuesta de Modificación Normativa Nº19) para abrir a la competencia los servicios de afiliación y adquirencia, pues las tasas de intercambio corresponden a un elemento clave en estos sistemas de tarjetas. Además, se verificó el efecto positivo que ha tenido su regulación en muchos otros países.
Esto, considerando que en un modelo de “Cuatro Partes” las comisiones que pagan los comercios por las transacciones con tarjetas resultan de la suma de tres factores: las tasas de intercambio, que corresponden al ingreso del emisor; los costos de licencias y otros costos operacionales de las marcas de tarjetas; y la remuneración del operador adquirente, denominada “margen adquirente”. Los dos primeros son determinados por las marcas de tarjetas, como Visa, Mastercard y American Express.
La FNE advirtió también que, si las tasas de intercambio fijadas por las marcas de tarjetas se traspasaran completamente a los comercios, se provocaría un alza significativa de comisiones a los comercios. De hecho, la FNE ha estimado un alza para los comercios en el costo total por recibir tarjetas de pago de entre US$ 20 y US$ 78 millones anuales, que también repercute finalmente en los precios pagados por los consumidores.
La Fiscalía ya ha indicado en otros procesos el elevado nivel de las tasas de intercambio y de los costos de marca que han sido fijados por las marcas de tarjetas, en relación con las comisiones que actualmente pagan los comercios. Incluso, en algunos rubros, las tasas de intercambio por sí solas son superiores a las comisiones vigentes y, además, mantienen diferencias significativas entre distintas categorías de comercio o tipos de transacciones, en particular a los pagos electrónicos.