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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó hoy el informe final de su Estudio de Mercado sobre el mercado fúnebre, proponiendo nueve recomendaciones para incrementar la competencia en los negocios de funerarias y de cementerios y beneficiar, de esta manera, a los consumidores con precios más convenientes.

Junto con la publicación del documento, la Fiscalía envío hoy al Poder Ejecutivo estas recomendaciones, que apuntan a mejorar la dinámica competitiva en estos mercados.

Las propuestas formuladas responden a cuatro objetivos: aumentar la cotización entre funerarias y la libertad de elección de servicios funerarios por parte de los consumidores; eliminar ciertas barreras regulatorias al uso de los beneficios mortuorios de los consumidores; facilitar la entrada de nuevos cementerios y crematorios y fiscalizar los contratos de adhesión celebrados entre los cementerios y sus clientes.

De aplicarse sus recomendaciones, la FNE estima, de forma conservadora, que se podrían generar ahorros para las personas del orden de $ 39 mil millones anualmente, lo que equivale a US$ 45 millones.

“Este estudio demuestra, con datos concretos y objetivos, que hay mucho espacio para aumentar la competencia y la transparencia en el mercado fúnebre. Las medidas que estamos proponiendo van en este sentido y pueden generar un importante beneficio para los consumidores”, señaló la Fiscal Nacional Económica (S), Mónica Salamanca.

La Fiscal destacó también que impulsar medidas que aumenten la competencia en este sector no resultaría complejo y que sería muy beneficioso. “La gran mayoría de las recomendaciones de la FNE se pueden materializar modificando el Reglamento General de Cementerios por parte del Ministerio de Salud, por lo que debiesen ser fáciles y rápidas de implementar”, explicó.

Para la FNE, la importancia de impulsar estos cambios se relaciona con las características particulares de este mercado, ya que un deceso obliga a las familias a realizar un gasto ineludible, tomando decisiones de compra en un plazo muy acotado y en un momento de vulnerabilidad emocional. Además, contratar los servicios funerarios y la sepultura o cremación compromete un porcentaje importante del presupuesto mensual.

Según los antecedentes recabados por la FNE, a partir de una muestra de funerarias y cementerios, el gasto promedio por un funeral completo sería de $ 2.345.745, si el destino final fuese una sepultura, y de $ 2.146.425 si fuese una cremación.

Estudio y propuestas

Durante la elaboración del estudio, la Fiscalía recopiló información cuantitativa sobre las ventas y operación tanto de funerarias como de cementerios y crematorios y se reunió con participantes de la industria y expertos en medicina legal y diseño industrial, en lo que respecta a la fabricación de urnas.

Adicionalmente, la FNE encargó a IPSOS una encuesta telefónica que fue realizada a 400 consumidores, para caracterizar la demanda por servicios y bienes fúnebres, describiendo la conducta de compra y las preferencias de los consumidores.

El estudio permitió concluir que aproximadamente 70% de los consumidores no cotiza entre los diversos servicios funerarios y que 49% dijo no haber recibido los beneficios mortuorios, como la asignación por muerte o la cuota mortuoria, los que son cobrados directamente por las funerarias. Eso reflejaría que los consumidores presentan sesgos conductuales que les impiden cotizar y elegir la mejor opción entre servicios equivalentes.

Debido a lo anterior, las medidas propuestas por la Fiscalía apuntan a que los consumidores coticen por los servicios, haciendo más transparente las prestaciones y los precios que cobran los establecimientos fúnebres.

También se propone la creación de un “Plan Preferente” estandarizado para cada uno de los servicios, que permita un marco de referencia para una cotización más rápida, sin perjuicio de la elección final del consumidor del plan funerario que estime más adecuado.

Estas recomendaciones se ven reforzadas por otras medidas, como la de realizar cambios normativos para promover la compra anticipada de los servicios e introducir una mayor competencia entre todos los establecimientos fúnebres respecto de los beneficios mortuorios. Por último, también se recomienda eliminar ciertas dificultades regulatorias que enfrentan los actores del mercado, sobre las urnas que pueden utilizarse, así como de los requisitos para abrir o expandir cementerios.

En resumen, las recomendaciones son las siguientes:

1. Promover una mayor cotización de funerarias por parte de los consumidores.
2. Permitir la compra de bienes y servicios fúnebres por separado, sin que estos solo se puedan adquirir empaquetados a través de planes.
3. Modificar la regulación de los beneficios mortuorios y su conocimiento por parte de los consumidores (asignación por muerte y cuota mortuoria).
4. Regular aspectos básicos de la venta anticipada de servicios fúnebres.
5. Regular técnicamente las características de los ataúdes, para permitir la entrada de nuevos actores.
6. Mejorar la planificación para la instalación y expansión de cementerios y crematorios.
7. Mejorar los requisitos y el proceso de evaluación de los proyectos de cementerios y crematorios por parte de las autoridades administrativas.
8. Aclarar la naturaleza jurídica del derecho que tienen los adquirentes respecto de las sepulturas.
9. Fiscalizar y regular aspectos de los contratos entre los consumidores y los cementerios.

Durante el período de Consulta Pública del Informe Preliminar, la FNE recibió y respondió comentarios respecto a las recomendaciones efectuadas para generar mayor transparencia en los precios de los productos ofrecidos por los establecimientos fúnebres, a la necesidad de regular los contratos de adhesión de los cementerios para detectar y evitar la imposición de cláusulas potencialmente abusivas, a la sugerencia de implementar “Planes Preferentes” y también fueron recibidas algunas sugerencias para morigerar las barreras a la entrada regulatorias o mejorar la actual regulación.

Junto con lo anterior, el Informe Final detalla el rol que tendrán distintos organismos del Estado, como el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), de acuerdo con sus actuales competencias y a las fiscalizaciones que ha realizado del sector.

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