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En el marco del expediente de recomendación normativa iniciado en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a petición de la Cámara Chilena de la Construcción, la Fiscalía propuso seis medidas para resguardar la competencia en la provisión de los servicios asociados y conexos a la distribución eléctrica.

Un reglamento que establezca los plazos que deben regir la provisión de los servicios conexos y asociados a la distribución eléctrica, así como las sanciones en caso de incumplir esos tiempos, además de la entrega de presupuestos con ítemes desglosados son tres de las seis medidas que propuso la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el marco del expediente de recomendación normativa iniciado a petición de la Cámara Chilena de la Construcción.

Este procedimiento –que busca que el Tribunal proponga cambios legales o normativos a la Presidenta de la República, a través del Ministerio de Energía o el que estime pertinente- fue solicitado en noviembre pasado por el gremio constructor.

En esa ocasión, la Cámara planteó la necesidad de corregir vacíos existentes en la regulación actual, pues crean incentivos que permiten que “las empresas de distribución eléctrica incurran en conductas contrarias a los principios de la libre competencia en dicho mercado”.

En particular, la CChC señaló que existen barreras de entrada a los servicios asociados y que las empresas distribuidoras cometen conductas abusivas que afectan a los asociados al gremio, a empresas inmobiliarias y constructores, a instaladores independientes y a los compradores de viviendas nuevas en general. Esto porque las compañías del sector actúan con poca transparencia y manejan discrecionalmente los plazos para proveer algunos servicios. Al mismo tiempo, exigirían estándares distintos a las obras de empalmes desarrolladas por los propios clientes con instaladores independientes.

En su informe, entregado ayer, la Fiscalía dio cuenta al Tribunal de los antecedentes que ha recopilado sobre eventuales prácticas abusivas en los servicios asociados y conexos a la distribución eléctrica, tanto a raíz de la solicitud de la Cámara como de dos investigaciones previas a dicha presentación.

Se trata de una investigación sobre Chilectra, abierta en 2013, y otra iniciada en contra Saesa en 2014, tras denuncias por prácticas anticompetitivas y abusos, respectivamente.

En el documento, la Fiscalía analizó los problemas detectados en sus investigaciones, consistentes en la explotación de información comercial privilegiada por parte de las distribuidoras, eventuales abusos en el ejercicio de labores conjuntas de fiscalizador y proveedor de servicios, falta de transparencia y otras circunstancias que podrían favorecer a las compañías en estos servicios.

La FNE recomendó también que se prohíba a las distribuidoras utilizar información privilegiada a la que acceden al momento en que los instaladores independientes solicitan factibilidad técnica y que las firmas dejen de incorporar en las boletas o facturas de suministro eléctrico publicidad sobre los servicios asociados.

Al mismo tiempo, la FNE sugirió la elaboración por parte de la autoridad sectorial de una normativa sistematizada y actualizada, que incluya un compendio de las normativas técnicas aplicables a cada tipo de instalación eléctrica.

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