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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que sancione a tres terminales portuarios de Valparaíso y San Antonio por haber incurrido en un abuso de posición dominante mediante el cobro injustificado de una tarifa básica de seguridad en el servicio de transferencia de carga aplicado a importadores y exportadores.

Este cobro comenzó a implementarse en septiembre de 2019 por Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS). Un año después lo aplicó San Antonio Terminal Internacional (STI) y en febrero de 2021 lo hizo DP World San Antonio (DPW), pese a que en todos los terminales las actividades de seguridad ya eran remuneradas por las empresas navieras en las tarifas básicas de transferencia que pagaban a los puertos y sin que se realizaran inversiones extraordinarias que respaldaran el cobro.

En los alegatos realizados ayer en el TDLC, en el marco del proceso originado con motivo del requerimiento presentado en marzo de 2024 por la FNE, el coordinador de la División de Litigios de la institución, Adolfo Weber, expuso los antecedentes que acreditan la posición dominante que poseen los terminales requeridos y el carácter abusivo del cobro de la tarifa de seguridad aplicado a usuarios cautivos que no pueden evitar su pago.

En este sentido, precisó que los importadores y exportadores afectados carecen de la capacidad, o enfrentan serias dificultades, para sustituir el frente de atraque por el cual movilizan su carga, debido a los relevantes costos de cambio que ello implicaría.

El abogado de la FNE señaló ante el TDLC que el caso presentado por la Fiscalía constituye un “abuso de posición dominante explotativo que permitió a las requeridas percibir injustificadamente ingresos adicionales cuya obtención se encontraba previamente limitada por la presión competitiva que ejercen las empresas navieras y el poder de negociación de estas”.

Weber explicó que, al aplicar el cobro de la tarifa de seguridad a importadores y exportadores, los terminales acusados lograron aumentar sus ingresos, ya que no modificaron las tarifas efectivas pagadas por las navieras por la transferencia de la carga, que ya incluían actividades de seguridad.

Así, junto con solicitar el cese de este cobro injustificado, la FNE pidió al TDLC que aplique a las requeridas multas que totalizan 26.897 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 25,1 millones. De este monto, 10.812 UTA (US$ 10,1 millones) corresponden a TPS; 11.047 UTA (US$ 10,3 millones) a STI; y 5.038 UTA (US$ 4,7 millones) a DPW.

Ver Requerimiento de la FNE.